(El Mercurio) El ministro de Minería, Laurence Golborne, concurrirá hoy a la Contraloría General de la República para formalizar la solicitud de instrucción de sumario al Servicio Nacional de Geología y Minería, por su eventual responsabilidad en los hechos ocurridos en la planta San José, de la Minera San Esteban Primera, reabierta por sugerencia del organismo en 2008.
El secretario de Estado se encuentra empeñado en la «modernización» de la entidad, la cual considera «urgente». Incluso, busca aumentar su presupuesto en un 100 por ciento, para llegar a 20 mil millones de pesos anuales.
Golborne regresó ayer a Santiago, donde hoy asistirá al ente fiscalizador y también se reunirá con el director del Sernageomin, Alejandro Vio. En el ministerio existe preocupación por el hecho de que la planta San José haya estado operando en las condiciones que derivaron en el derrumbe.
Esperando al dueño
El presidente de San Esteban Primera, Marcelo Kemeny Füller, quiso vender la empresa durante 2009. Tras los análisis financieros de rigor, ningún inversionista se interesó. Miembros de la Sociedad Nacional de Minería sostienen que la compañía nortina tuvo un gran impulso mientras estuvo al mando de Georges Kemeny Latay, fundador de la empresa y difunto padre del propietario de la planta en la que se encuentran atrapados los 33 trabajadores.
Hasta anoche, el clamor de los familiares de los mineros era unánime: sólo el gerente general, Alejandro Bohn, y el gerente de operaciones del yacimiento que sufrió el derrumbe, Pedro Simunovic, habían dado sus explicaciones ante el círculo íntimo de los operarios.
¿Y Kemeny? En el edificio de la calle Fidel Oteíza (Providencia), donde San Esteban Primera tiene sus oficinas centrales de Santiago, no brindan informaciones sobre el paradero del empresario. Sólo se recibe un papel con el número telefónico de las dependencias en Copiapó, además de los reclamos de la secretaria: «Nos enteramos de todo esto por la prensa. Y aunque supiéramos algo, no podríamos hablar», dice la mujer.
En Copiapó aseguraron que Kemeny no se ha contactado con las autoridades: «Sólo hemos hablado con el gerente de operaciones. Yo no conozco al dueño. Sería pertinente y muy prudente que se acercara a nosotros», dijo por la mañana el subsecretario de Minería, Pablo Wagner, a La Segunda. Se esperaba que anoche o esta mañana se produjera dicho encuentro, pues el empresario viajó ayer desde la capital de la Tercera Región hasta la planta.
Los ejecutivos de San Esteban Primera se dejaron ver en el campamento el viernes y el sábado cuando fueron increpados por los familiares de los mineros. Y hasta anoche el panorama no había variado: «Acá nadie ni siquiera los conoce, nunca aparecen. Esto es para la risa, que los dueños no aparezcan para nada», lamenta Rafael Peña, pariente del trabajador Edison Peña.
En general, las críticas apuntan a la escasa información otorgada por los ejecutivos y también a la carencia de ayuda en el lugar. «La empresa ni siquiera se dignó a llamar por teléfono para avisar», apunta Sonia Yáñez, pendiente del destino de otro minero.
$10 mil millones
El presupuesto 2010 de Sernageomin.
CPC admite responsabilidad empresarial
«Si hubiera responsabilidades individuales, estamos totalmente de acuerdo con el Presidente Piñera, en el sentido de que éstas tendrán que asumirse», dijo el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Rafael Guilisasti, a la hora de fijar la postura del empresariado frente al accidente en el yacimiento San José de Copiapó.
A juicio del dirigente gremial, los esfuerzos deben estar centrados en las labores de rescate, pero luego vendrá una discusión relacionada con una revisión de las normas regulatorias de las faenas mineras.
«Sin lugar a dudas, en el caso de la pequeña y mediana minería hay empresas donde habrá que hacer esfuerzos para buscar niveles de estándares que impidan que estas tragedias vuelvan a ocurrir», señaló Guilisasti.
«Hay responsabilidades empresariales, de los entes regulatorios…», añadió.
El titular de la CPC, quien ayer realizó su primer pronunciamiento frente a la situación que mantiene a 33 mineros atrapados, negó que las empresas no hayan hecho esfuerzos en el rescate.
«La mayoría de la maquinaria en la zona de rescate pertenece al sector privado», afirmó el directivo, quien enfatizó que el empresariado continuará «contribuyendo con todos los medios que se soliciten».
Fuente / El Mercurio