(Estrategia) Las distintas guías para evitar prácticas como la colusión que ha revelado públicamente la Fiscalía Nacional Económica –de restricciones verticales, de operaciones de concentración, de cumplimiento y de gremios-, la reforma legal profunda que experimentará el sistema y el fallo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que multó con el monto histórico de US$61 millones en total a Agrosuper, Ariztía y Don Pollo y que disolvió a la APA por intermediar este cartel avícola –siendo primera vez que sucede esto con una asociación-, movió el piso del mundo empresarial y este está ya tomando acciones para modificar sus prácticas.
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Es así como entre las compañías de mayor tamaño, sus altos ejecutivos ya están solicitando asesorías de expertos en temas de libre competencia, con el fin de saber qué prácticas son lícitas y cuáles son irregulares, si es que pueden hablar con sus rivales y seguirlos, en qué casos no, y cómo concretar la adquisición de alguna firma a nivel local y extranjero para que el proceso no fracase por la acción de la FNE o el rechazo del TDLC. Lo que deja en claro que la cultura de las compañías en este sentido, está transformándose paso a paso ante el rayado de cancha de las autoridades.
Por lo mismo, varias empresas de mayor tamaño, ligadas a importantes grupos que operan en el país, se encuentran instaurando programas de cumplimiento de la libre competencia, los que incluyen evaluaciones de los riesgos en toda la cadena productiva, estándares a seguir, controles rigurosos, metas y recursos para poner en marcha los programas. Incluso, no son pocas las firmas que están contratando pólizas de seguro en caso de que no logren controlar una mala práctica.
Pero esto también está ocurriendo en las asociaciones gremiales. Y los resguardos que están tomando una parte no menor de ellas, radican en que junto con los programas de cumplimiento de la normativa de libre competencia, sus presidentes sean profesionales independientes, no ligados a la industria específica. Es por eso que, entre otras cosas, están modificando sus estatutos para acatar esta recomendación de sus asesores.
Otra de las señales que demuestran que el sector privado busca alinearse con las exigencias de los entes antimonopolios, tiene que ver con el aumento del uso de acuerdos extrajudiciales y conciliatorios con la FNE. De hecho, en lo que va del año, ya se han alcanzado 6. Y el que los entes antimonopolios sólo la semana pasada hayan ido a exponer a los empresarios sobre el tema, a través de gremios como la Sofofa y la Cámara de Comercio de Santiago.
De todos modos, fuentes empresariales si bien miran este proceso de ajustes a la normativa de libre competencia como necesario, admiten que es una importante fuente de estrés en medio del complicado momento económico de Chile, y que es preocupante que a todo el sector privado “se le meta en el mismo saco”, relacionado a malas prácticas como la colusión.
Fenómeno Interesante
Y para los entes antimonopolio, el fenómeno que está ocurriendo es bastante interesante. En esa línea, el presidente del TDLC, Tomás Menchaca, recalca la importancia de que se genere una cultura de la competencia en el país para que se logre el bien común, justicia social y desarrollo económico, puntos que son trascendentales. Además que los consumidores están empezando a exigir esto y a preferir a las compañías que los respetan.
Más aún si en el país cuenta con una economía pequeña, con mercados altamente concentrados, donde hay mayores riesgos de colusión y de otras prácticas abusivas, y pueden ser sancionadas no solamente las empresas sino también las personas naturales. “Libertad de emprendimiento y libre competencia se necesitan mutuamente. Este derecho llegó para quedarse. Los empresarios se están dando cuenta, y lo harán valer en sus decisiones”, afirma Menchaca.
El fiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal, indica en vista de lo anterior, que es optimista, “pues se ha ido de menos a más en cuanto a nivel de conciencia de los riesgos de infringir la libre competencia y que se debe contar con una labor preventiva al interior de cada empresa”. Ante esto, las guías que ha dado a conocer la FNE, son una idea inspiradora en relación a cómo este ente antimonopolio procede en sus distintos procesos.
En cuanto a los gremios, Menchaca alerta que la relación entre las asociaciones, como las que por ejemplo reúne la Sofofa, facilita la colusión. “Deben preocuparse bastante de cómo realizar contactos que son necesarios para que una industria se desarrolle, pero que tienen que llevarse a cabo con cuidado para que no se presten para infringir la libre competencia”.
El fiscal Irarrázabal apunta que las 4.000 asociaciones gremiales empresariales que operan a nivel nacional cumplen funciones muy importantes, pero implican un riesgo a las reglas de la libre competencia por aunar a competidores. Eso sí, explica que no está el espíritu de demonizar.
“Ha habido casos donde el gremio ha facilitado la colusión, pero también es cierto que su función es importante para la industria, lo que es legítimo. Tienen que hacerse cargo de los riesgos de juntar a competidores, eso lo planteamos nosotros desde un principio, y se nos dijo que éramos descuidados, como suponiendo que jamás iba tener injerencia en temas como los carteles. Y al parecer no era tan así”, acusa el fiscal Irarrázabal.