Expertos urgen por directorio independiente o privatización

Dic 17, 2007

La injerencia política en la cuprera amenaza con restarle viabilidad en el futuro y seguir anclada a intereses del gobierno de turno. A su vez, decisiones que defienden el interés de la compañía y sus dueños -El Estado y por ende todos los chilenos- provocan crisis que sacuden incluso al propio gabinete.

Codelco está al rojo, pero no por los altos precios del cobre. Otra vez, la política se ha filtrado por las vetas de esta minera y ha puesto en jaque las decisiones dirigidas a controlar los costos y aumentar el valor de la compañía. La exigencia de contratar a casi 5.000 trabajadores generó un fuego cruzado desde todo el espectro nacional.

El problema no es sólo mantener las utilidades obtenidas en un excelente escenario para las materias primas. También, en garantizar que -con commodities a la baja en el futuro- no se jibaricen las ganancias incluso hasta llegar a una firma con pérdidas.

El temor ya está sobre la mesa. Ex ministros y autoridades de la Concertación consultados, además de académicos de Universidades, sienten que obviamente se debe hacer algo.

Las propuestas son distintas, pero con un objetivo coincidente: independizar a la cuprera de las decisiones políticas del gobierno de turno. Unos piensan que los últimos acontecimientos son un escenario para crear directores independientes, con altos ejecutivos nombrados por concurso público y otros simple y llanamente llaman a privatizar todo o parte de la sociedad estatal.

Hoy la política contamina a Codelco. Pero antes ya había sido el Metro. Blas Tomic renunció de la presidencia del tren urbano en clara oposición al préstamo que esta firma le debería dar al Transantiago.

Al irse Tomic, expresó que en la empresa privada el objetivo estratégico es siempre el mismo, «crear valor para los accionistas», mientras que en una empresa pública esa finalidad es interpretada de modo contradictorio «según sea el momento político».

Por eso, formuló la sentencia de que «comparto la necesidad de avanzar rápido en modernizar y profesionalizar el gobierno corporativo de las empresas públicas, con directorios más independientes».

¿Pero es sano para el país que por tratarse de una empresa pública explote un fuerte conflicto entre los partidos políticos e incluso al interior del propio gabinete?

Para Jorge Leiva, ex ministro de Economía e integrante de Chile XXI, este choque hay que desdramatizarlo. Los que manejan el Estado siempre tienen diferencias entre ellos y para eso existen las instancias para resolverlos. Sea la autoridad presidencial o, como en este caso, los tribunales de justicia. Aunque menos visible, también se han producido conflictos entre autoridades por razones ambientales, cita Leiva como ejemplo.

¿Y la privatización?

Privatizar al menos una parte de Codelco puede ser una solución para garantizar una gestión eficiente y también para reducir los conflictos.

«El tema de fondo es que debemos privatizar Codelco antes de que sea demasiado tarde», advierte el académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Leonidas Montes. «En Chile fuimos pioneros en las privatizaciones y hoy hablar de ellas parece un tabú». No ocurrió lo mismo en Brasil. Vale do Rio Doce pasó a particulares en 1997 y desde esa fecha ha aumentado en 20 veces su valor. El Estado mantuvo el control.

«Los debates al interior del gabinete muestran cómo nos estamos farreando las empresas de todos los chilenos. A lo menos debe crearse un directorio independiente y autónomo que vele por esas firmas. Pero en este país algunos creen que el Estado es un gran administrador. El sentido común y la experiencia dicen todo lo contrario», dice Montes.

Jorge Schaulsohn, asesor de empresas y miembro de Chile Primero, es un duro crítico de los criterios que existen para gestionar Codelco: «Hace mucho tiempo no se administra con criterios empresariales. Ha sido una caja pagadora de favores políticos y asesorías sin justificación que no sobrevivirían ni cinco minutos si se aplicaran criterios técnicos», enjuicia.

Schaulsohn se inclina por un presidente ejecutivo que sea nombrado por la Presidenta con anuencia del Congreso, y máximos ejecutivos nominados por concurso público.

Fuente / El Mercurio

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