Aunque el sector minero plantea generar recursos suficientes para que el país deje atrás su dependencia de los petrodólares, el Fisco verá los primeros ingresos por esta actividad recién en el 2011.
El país, según el Gobierno, tiene un potencial minero que asciende a US$110.000 millones.
Los recursos se concentran en cuatro proyectos en fase de exploración: Fruta del Norte (oro y plata), a cargo de la firma Aurelian; Río Blanco (oro y plata), a cargo de la compañía IMC; Mirador (cobre), de Ecsa; y, Quimsacocha (oro, plata y cobre) de IAMGold.
El sector está paralizado desde noviembre del 2006, a la espera de la aprobación de una nueva Ley Minera, hoy en análisis en la Comisión Legislativa.
Aprobada esta norma, las firmas tardarían entre dos y dos años y medio en obtener los permisos ambientales, terminar estudios y construir las minas.
Ecsa, por ejemplo, requiere de unos seis meses para completar la exploración, hacer los estudios ambientales ampliatorios y profundizar los estudios de ingeniería. Luego arranca la construcción de la mina, que le tomará dos años.
Pero para Ian Harris, de Ecsa, los primeros recursos que entrarán a la economía local serán por inversión. Según datos de esta firma, los cuatro proyectos principales en el país requieren una inversión de US$3.115 millones en los próximos cinco años.
Para la construcción de la mina, en los dos primeros años, Ecsa invertirá US$418 millones; IMC, USD 120 millones y IAMGold, US$347 millones.
Fernando Auquilla, consultor externo de IMC, comenta que si esta firma contara con los permisos y arrancara este mes el proyecto, “el primer lote de mineral se demoraría dos años, la producción sería en el 2011”. Esto porque las compañías, además, tienen que iniciar una negociación con el Estado para firmar contratos, según el proyecto de Ley.
Indica que a esto se suma la incertidumbre generada por el Mandato minero, que dispone que no puede haber concesiones en un bosque protector, con lo que IMC perdería sus títulos.
El gerente de IAMGold, Jorge Barreno, indicó que la vida de la mina es de ocho años y el tiempo de construcción de la mina es de 18 meses. “En caso de aprobarse la Ley, necesitamos terminar el estudio de factibilidad y eso implicaría permisos ambientales, aprobaciones del Gobierno, no es tan sencillo como la gente piensa, son procesos bastante largos que no están bajo el control de la compañía”, indicó.
Fuente / El Comercio, Ecuador