Este mes de marzo debiera comenzar a operar el Tribunal Ambiental de Santiago, con jurisdicción nacional, primer paso en la implementación de los Tribunales Ambientales (TA) aprobados en la ley 20.600. Dichos tribunales vienen a completar y materializar la nueva institucionalidad ambiental en Chile, la que debiera implicar una mejora en el acceso a la justicia y por ende en el cuidado ambiental en nuestro país.
La implementación de los citados TA, en conjunto con la entrada en vigencia de las facultades de fiscalización y sanción de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), establecerá una institucionalidad ambiental de clase mundial, robusta, que deberá responder de manera eficiente, oportuna y eficaz ante eventuales incumplimientos ambientales y los efectos adversos que ellos pudieran causar a nuestro entorno. Este complemento institucional deberá implicar significativos avances respecto del sistema actual, no solo en la coordinación y ejecución de la fiscalización por los diferentes servicios públicos con competencia ambiental, sino también en la graduación e imposición de sanciones ejemplares a los incumplidores, que irán desde la amonestación por escrito, pasando por multas de 1.000, 5.000 y hasta 10.000 UTA (del orden de US$10 millones esta última), dependiendo de si las sanciones son leves, graves o gravísimas respectivamente, hasta la clausura temporal, parcial o total de funcionamiento de instalaciones (estas últimas en consulta con los TA).
La SMA informó los programas de fiscalización ambiental para 2013, destacando en el programa de fiscalización de Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) la inclusión de los principales rubros de nuestra economía, en particular el sector minero con un 27,3% de las fiscalizaciones programadas, seguido del sector de saneamiento ambiental, con un 21,4% y energía con un 15%.
Para contribuir a proteger la salud de las personas y el medio ambiente la SMA implementó el «Sistema de Carga Distribuida de Compromisos Ambientales», un repositorio digital de los compromisos asociados a las RCAs de los proyectos o actividades de desarrollo, que permite a las empresas privadas y públicas conocer de manera ordenada y sistemática las normas, condiciones y medidas que deben cumplir para evitar la contaminación del ambiente.
En los últimos años se ha visto cómo diversas empresas, en particular las del sector minero, están preocupadas por confirmar su estado de cumplimiento ambiental, definiendo e implementando estrategias, realizando verificaciones de cumplimiento in situ por terceros y, frente a eventuales incumplimientos, desarrollando los necesarios proyectos de ingeniería, aplicando las correspondientes acciones correctivas y, en general, revisando y avanzando en asegurar un adecuado cumplimiento en materia ambiental.
Estamos seguros que dichas acciones, así como la entrada en operación definitiva de la nueva institucionalidad ambiental, han generado y seguirán acentuando un cambio positivo en el cuidado y acceso a la justicia ambiental en nuestro país, contribuyendo así a mejorar nuestro medio ambiente, permitiéndonos construir un país más justo, con mejores oportunidades y en armonía con el desarrollo sustentable.