La empresa minera Atlas Precious Metals de Estados Unidos amenazó con retirar su proyecto para invertir US$146 millones en una planta metalúrgica de la zona andina de Bolivia si el Gobierno de este país no le ofrece seguridad jurídica.
El vicepresidente de la compañía, José Luis Bottani, dijo que el Ejecutivo boliviano tiene plazo hasta fines de marzo para enviar a la empresa una respuesta oficial sobre la validación de su contrato de riesgo compartido y sobre las modificaciones que pretende hacer al impuesto minero, publicó ayer el diario «La Razón».
«Estamos esperando respuestas oficiales y por carta a nuestras consultas. En caso contrario, vamos a tener que suspender nuestro interés en el proyecto, pese a la gran inversión que hemos realizado hasta el momento, que está cerca de los US$5 millones», comentó Bottani.
Atlas Precious Metals y la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) acordaron el año pasado crear una sociedad de riesgo compartido para iniciar operaciones en el complejo metalúrgico de Karachipampa, situado a seis kilómetros al norte de la ciudad andina de Potosí.
Esta planta fue construida en 1985, con créditos alemanes y belgas por US$200 millones, para procesar plomo y plata, pero nunca llegó a funcionar porque se necesitaba un nivel de producción de esos dos minerales que no existía en Bolivia.
La segunda condición que pone la compañía para continuar con la inversión comprometida es que se le garantice la posibilidad de negociar nuevas condiciones, en caso de que el Ejecutivo haga realidad su intención de aumentar el Impuesto Complementario a la Minería (ICM) y ello torne inviable el proyecto original.
El alto ejecutivo de la firma agregó, además, que la forma en que el Gobierno del presidente Evo Morales nacionalizó la fundidora Vinto hace apenas tres semanas «impactó muy negativamente en los inversionistas de EEUU».
Morales decretó el pasado 9 de febrero la recuperación estatal de Vinto, filial de la multinacional suiza Glencore, y después anunció que no indemnizará a la compañía helvética por ello porque cuando la fundidora pasó a manos privadas en 1999 el Estado boliviano sufrió graves pérdidas económicas.
Fuente / Diario el Potosí