La ministra de Defensa, Vivianne Blanlot entregó ayer a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, el informe técnico sobre la Ley de Reservada del Cobre, que servirá de base para la redacción de un proyecto de ley que modificará la normativa.
Dicho documento fue elaborado por una comisión conformada por los jefes de finanzas de los organismos militares y por economistas de la misma cartera, quienes trabajaron a petición de la secretaria de Estado, desde mediados de 2006 hasta diciembre pasado.
El texto contiene las pautas con las cuales se redactará durante el próximo mes la iniciativa que modificará la forma de financiamiento de las instituciones militares, informó Blanlot, tras la reunión con la mandataria.
La ministra agregó que “conversamos con la Presidenta sobre el informe técnico y sobre los criterios fundamentales que van a ir en el ante proyecto. No tomaré vacaciones en febrero para dejar redactado el proyecto de ley, para discutirlo con los demás ministros”.
Sobre el contenido del informe, Blanlot no quiso adelantar detalles, pero aseguró que “es sumamente técnico, es un análisis de cómo ha operado la ley reservada del cobre 13.196 (que data de 1958) y cuáles son las necesidades de la Defensa”.
En ese sentido aclaró que no plantea necesariamente los criterios definitivos para el proyecto de ley. “Esos los redactaremos durante febrero”, acotó. Se espera que en marzo la Presidenta envíe el texto al Congreso para su discusión.
Montos
Codelco informó que al tercer trimestre de 2006 entregó US$ 971 millones por este ítem a las FF.AA. Con esto, se calcula que durante todo el ejercicio pasado, las instituciones armadas recibieron cerca de US$ 1.300 millones. La cifra supera a todo lo recibido por ese concepto entre 1999 y 2003 y es 57% mayor que el monto de 2005.
Esta ley (nº 13.196) establece que el 10% de los recursos obtenidos por las ventas de la cuprífera estatal debe ir a las arcas de las tres ramas de la defensa nacional, repartidos en partes iguales y con un piso de cerca de US$ 70 millones por cada institución. Asimismo, según la normativa, este dinero sólo puede utilizarse para compra de armamento.
Esta rigidez y los grandes montos involucrados durante los últimos años han hecho que despierte consenso entre las diferentes sensibilidades políticas la necesidad de una modificación a la normativa. Es así como a las constantes presiones de la Concertación por terminar con esta ley se suman las voces de la Alianza, que ven como “poco eficiente” este mecanismo de entrega de recursos a las instituciones de la Defensa.
Incluso el comandante en Jefe del Ejército, Óscar Izurieta, ha indicado que el cambio de la normativa pasa por una decisión de carácter político, y su institución está abierta a buscar otras fórmulas como, por ejemplo, ponerle un techo a los ingresos que perciben por la actual ley.
Fuente / Diario Financiero