Pese a que en el sector minero el proyecto de ley de cierre de faenas es visto como una normativa necesaria que permitirá tener reglas claras sobre esta materia, lo cierto es que existen varias inquietudes respecto al impacto financiero que podría significar, sobre todo para las compañías más pequeñas. Esto porque la iniciativa implica la conformación de un fondo por proyecto que permita garantizar que se cumplan las tareas de abandono al término de su vida útil.
Aunque esta garantía no es un pago inmediato del monto definitivo que deberá usar cada compañía, sino una suma que tendrán que ir acumulando -a través de distintos sistemas de pago-, podría impactar negativamente a las empresas más pequeñas.
Así se desprende de las palabras del presiente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Alfredo Ovalle. “Hemos estado estudiando con detenimiento este proyecto en nuestras comisiones de medio ambiente y asuntos legales y, aún cuando en general estamos de acuerdo con la idea de legislar, tenemos algunas observaciones que estamos conversando directamente con las autoridades respectivas con el fin de que el anteproyecto constituya un aporte y no una traba para el desarrollo de la minería en el país, ni un menoscabo en su competitividad”.
Agregó que “los beneficios de este proceso se optimizarán en la medida en que las exigencias financieras para garantizar su cumplimiento no signifiquen la paralización de faenas en operación o de proyectos hoy posibles de ejecutar”.
La iniciativa
Sin embargo, el vicepresidente ejecutivo de Cochilco, Patricio Cartagena, cree que este impacto no es significativo. Aclaró que en la iniciativa sólo se consideran faenas cuyo monto de extracción es superior a las 5 mil toneladas mensuales, por lo que se trata del universo de empresas que puede hacer frente a un pago sistemático. “Considero que esto debiera ser entendido como un costo absolutamente internalizado en la industria, marginal dentro del flujo total del proyecto”, sostuvo.
El sistema plantea el pago de determinadas sumas de dinero, dependiendo de cada proyecto, en cuotas que se harán a lo largo de su explotación. Las empresas podrán optar entre tres modalidades distintas para garantizar esta acumulación de fondos. Por un lado, un pago en efectivo, seguido por instrumentos financieros (letras de crédito, depósitos a plazo, bonos); y contratos de seguros.
El proyecto de ley que está en manos de la Segpres (Ministerio Secretaria General de la Presidencia) plantea que será el Servicio Nacional de Geología y Minas (Sernageomin) el órgano encargado de revisar, aprobar y supervisar todos los planes de cierre de las faenas mineras. Y será asimismo quien estará a cargo de estos fondos.
En el caso del pago en efectivo, el monto sería depositado en cuentas estatales, mientras que en el resto de las opciones los documentos tendrían como beneficiario final el Estado, encargado de hacer cumplir el proceso de cierre de las faenas.
Fuente /Diario Financiero