Acción judicial de Codelco divide al gobierno y tensiona clima laboral

Dic 13, 2007

Titular del Trabajo dijo que “recurrir a quien en un Estado de Derecho tiene que resolver estas controversias es parte del imperio del derecho”.

Nuevamente la Ley de Subcontratación pone en jaque al gobierno.

Sin embargo, esta vez el descontento de los subcontratistas, ante la reticencia de Codelco a internalizar los casi 5.000 trabajadores, se vio acompañado por las distintas posturas que emergieron ante la decisión de la empresa cuprífera de recurrir a los tribunales para dirimir sus diferencias con la Dirección del Trabajo.

Vamos por parte.

Para la directora del Trabajo, Patricia Silva y el ministro del ramo, Osvaldo Andrade, la mejor alternativa para apelar a los informes del organismo fiscalizador era la vía administrativa. Es decir, que Codelco intentara por medio de su “superior jerárquico (Silva)” resolver sus reparos.

Sin embargo, la cuprífera estatal optó por el camino judicial, lo que fue calificado el martes por la directora del Trabajo como una forma de restarle “eficiencia” a la Ley de Subcontratación.

Impacto

Estos hechos complicaron al Ejecutivo, básicamente porque, primero, el directorio de Codelco está compuesto por dos ministros de Estado: Karen Poniachik de Minería y Andrés Velasco, de Hacienda.

Segundo, el ministro Andrade apoyado por la presidenta de la República, Michelle Bachelet, ha insistido en la aplicación de la Ley de Subcontratación -aprobada durante este gobierno- en el sector privado.

Tercero, desde el punto de vista jurídico todas las empresas “tienen el derecho” de recurrir a la justicia en caso de diferencias con la Dirección del Trabajo.

Cuarto, los dichos de Silva fueron considerados por el gobierno de carácter político y no técnico, situación que incomodó a las autoridades, porque precisamente las últimas críticas que ha realizado el empresariado a la Dirección del Trabajo apuntan a que este organismo debe ser “autónomo, independiente y técnico”.

El gobierno

Este escenario, tenso y complejo, fue el ambiente que reinó ayer.

La ministra Poniachik fundamentó la decisión de la curpífera. “Todas las empresas de nuestro país, sean privadas o públicas, tiene la obligación de cumplir con la legislación, pero también tienen el derecho de recurrir a instancias de solución de controversias en el caso que existan divergencias con respecto al alcance y los criterios de dicha ley”, enfatizó.

Mientras que Andrade -pese a no estar de acuerdo con la decisión de la estatal- asumió también la postura de los derechos de Codelco, dado que así lo “establece la Ley”. Dijo que como empresa “está ejerciendo un derecho que tiene cualquier empresa, pública o privada, para cuando estima que hay una resolución de una agencia pública de fiscalización, en orden a que afecta a su gestión”.

Luego de esa declaración, el secretario de Estado se dirigió a la subsecretaría del Trabajo, y tras participar en una mesa de diálogo con dirigentes empresariales y sindicales del sector agrícola, se reunió a puertas cerradas y por cerca de una hora con Silva en el tercer piso de Huérfanos 1273.

Reunión

Al término de la reunión -donde Andrade habría advertido a Silva sobre la no pertinencia de sus dichos y el carácter político de estos- la directora del Trabajo salió rauda evitando referirse al tema.

Y Andrade aprovechó de seguir desdramatizando las diferencias con el directorio de Codelco. “No sé por qué razón recurrir a la justicia, que es un órgano del Estado, pudiera significar un juicio de eficacia o ineficacia de una Ley. En la medida que hay una ley vigente (…)
recurrir a quien en un Estado de Derecho tiene que resolver esa controversia es parte del imperio del derecho”.

De paso, le hizo un rayado de cancha al organismo encabezado por Silva al argumentar que “todos
tenemos que hacer una defensa férrea de la ley, del derecho, pero cada uno tiene su competencia”.

En esta misma línea agregó que “la Dirección del Trabajo tiene como misión la aplicación de las normas laborales, pero por cierto también esa aplicación o el ejercicio de esa competencia o de esa misión puede generar otras opiniones, y los que tengan una opinión distinta respecto al quehacer tienen un procedimiento administrativo o judicial, ellos tendrán que resolver a cuál acceden para contradecir esta gestión”.

Fuente / Diario Financiero

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