(La Segunda) “No soy experto en materia indígena”. Con honestidad responde sobre su experiencia Matías Abogabir, asesor especial para Asuntos Indígenas, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, y que es el encargado de liderar las conversaciones con las comunidades para zanjar, de una vez por todas, un reglamento de consulta para el polémico Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
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Ingeniero civil estructural de la Universidad Católica, Abogabir hizo gran parte de su carrera en la industria inmobiliaria… hasta 2009, año en que deja el mundo de la construcción para viajar a Palestina, buscando conectarse con sus orígenes.
“Eso me acercó al tema indígena. Allá se da una situación compleja, fui a trabajar como voluntario en organizaciones sociales en Belén”, recuerda. Volvió en 2010 con la claridad de cambiar su rumbo profesional, por eso no dudó cuando recibió la invitación de integrarse a la oficina de Asuntos Indígenas.
Se empapó de la problemática indígena y de la historia de la cuestionada norma, que no es corta. En 1989 la OIT generó el Convenio 169 para asegurar que los gobiernos consulten a indígenas medidas que los afecten. 20 años después entró en vigencia el cuerpo legal en Chile, aunque sin la claridad de cómo realizar el procedimiento.
En 2011 comienza la denominada “consulta de la consulta”, es decir, aclarar cuál sería el mecanismo para preguntar a los indígenas cuando medidas administrativas o proyectos de inversión los afecten. La medida fue aplaudida por las comunidades, pero también por los inversionistas.
El proceso parte con la entrega de un borrador por parte del Ejecutivo, al que se sumaron otras siete propuestas de pueblos originarias. ¿Qué hacer con tantas visiones? Sentar a conversar y alcanzar consensos.
La negociación avanzó lento, hasta la muerte del matrimonio Luchsinger en un atentado incendiario en la Novena Región. La tragedia, dice Abogabir, agilizó la agenda.
Por eso en marzo se constituyeron las mesas finales para acercar posiciones, las que terminaría el 15 de abril, sin embargo, fue aplazado para hoy. ¿Llegaron a acuerdo total? No. Extendieron por otros 15 días las reuniones como, comenta Abogabir, un “esfuerzo final”.
—¿Cuál es el cronograma?
—Nos volveremos a reunir a fines de mayo para ver los últimos detalles y alcanzar el máximo de acuerdos. Después, proceder a redactar la iniciativa final para ingresarla a fines de junio en Contraloría.
—¿Hay acuerdo de cómo se hará la consulta?
—Se consensuó un esqueleto. Tendrá cinco etapas. La primera es la planificación, donde el órgano responsable de la consulta se junta con los indígenas y acuerdan cómo se hará. La segunda es de información. La tercera se denominó deliberación interna, en donde los pueblos originarios puedan analizar la normativa propuesta por el gobierno y tener una propuesta al respecto.
La siguiente etapa es la de diálogo donde se buscan acuerdos entre las partes y, la quinta fase, es el informe final del proceso.
“Una diferencia grande es sobre qué medidas consultar”
—¿En qué aspectos no existen consensos?
—Una diferencia de las más grandes es sobre las medidas a consultar. Nosotros decimos que son las de efectos generales, no las particulares. El nombramiento de un ministro de Desarrollo Social o el de un funcionario tienen efectos particulares ¿se debe consultar a los pueblos indígenas ese nombramiento? Pensamos que no.
También, si consultáramos todas las medidas, deberíamos hacerlo con las compras de tierras a comunidades, lo que podría generar una parálisis completa en esas materias.
—¿Cómo se hará la consulta para los proyectos de inversión?
—Los pueblos indígenas presentes en la mesa señalaron que están en desacuerdo con la consulta aprobada en el SEIA. Por eso, les propusimos que la consulta se haga a través del mecanismo establecido en el servicio ambiental, pero siguiendo el procedimiento que acordemos en esta consulta. Eso sigue en discusión.
—¿Se extenderá el periodo de tramitación de proyectos al aplicarse esta consulta?
—Creemos que no, aunque todavía nos faltan puntos por zanjar. En su primera discusión propusimos un plazo de 15 días por cada una de las etapas que, en ese momento, eran cuatro.
Sin embargo, hemos ido acercando posiciones, consensuando un periodo de discusión de 20 días hábiles para cada etapa, es decir, un total de 100 días, dentro de lo que dura la tramitación ambiental de un proyecto de inversión.
—¿Disminuirá la judicialización de los proyectos?
—Puede haber una disminución, pero no garantiza la no judicialización. Debemos reconocer que hay grupos indígenas que no participan de este proceso.
Habrá grupo minoritarios que cuestionarán la nueva normativa, pero esto será un avance hacia el consenso con el mundo indígena. Contribuirá, entregará un mecanismo, pero no será el fin de la judicialización.
—¿Qué porcentaje de los pueblos originarios están representados en la negociación?
—En el proceso participa la gran mayoría. Aventurarme con un número es peligroso, pero pienso que estamos trabajando con más del 70% de los pueblos originarios.
Fuente / La Segunda