(La Tercera) Hasta el 10 de mayo se extenderá la mesa de trabajo que el gobierno instaló con los pueblos originarios, con el objetivo de consensuar cómo se aplicará en Chile el Convenio 169 de la OIT, que establece consultas obligatorias a comunidades indígenas cuando se implementan medidas o proyectos que las afecten.
La iniciativa, que originalmente expiraba el 15 de abril, reúne en una misma mesa a 45 personas: 35 de las comunidades indígenas y 10 de diversos ministerios, entre ellos Justicia, Minería y Medio Ambiente. La meta del Ejecutivo es ingresar en junio a Contraloría el nuevo reglamento, el que, entre otras cosas, servirá de base para la aplicación de la normativa que el Servicio de Impacto Ambiental (Seia) utilizará para la evaluación de los proyectos de inversión.
El asesor especial de Asuntos Indígenas del gobierno, Matías Abogabir, señala que en las tres sesiones que han tenido, de tres días cada una, se ha logrado un avance de 60%. Para las últimas dos reuniones está prevista la discusión de los puntos divergentes. Uno de ellos: el plazo que debe tener una consulta. Mientras el gobierno propone 60 días, las comunidades originarias estiman que deben ser como mínimo 75. Además, está la definición de afectación directa de los pueblos. La postura del Estado es que un pueblo tiene derecho a consulta cuando son vulnerados sus derechos indígenas y no cuando son vulnerados los derechos propios de un ciudadano común. Por último, está la creación del Consejo de los Pueblos.
El principal punto de acuerdo es establecer que la consulta a los pueblos originarios es un derecho y debe ser respetado. Otro de los acercamientos apunta a establecer que los acuerdos que se logren en los procesos de consultas se cumplan. “Es una obligación del gobierno y de los pueblos originarios, y están relacionados con las consultas que se realicen en los proyectos de inversión. En este caso, el Seia se encargará de llevar la consulta adelante y los acuerdos que ahí se logren son obligatorios”, dice Abogabir.
El asesor adelanta que la norma que paralelamente elaboró el Seia para la realización de las consultas por el Convenio 169 de la OIT contempla que las comunidades afectadas por un proyecto determinado tengan un proceso de consulta que se extenderá por todo el proceso de evaluación ambiental, paralelo al de participación ciudadana que ya realiza la entidad ambiental.
Fuente / La Tercera