(Pulso) La paralización de una serie de iniciativas de inversión en el país, a propósito del escenario de judicialización y de otras situaciones, mantiene en riesgo de que miles de millones de dólares en inversión queden inutilizados.
Esto, porque las empresas a cargo de las iniciativas en este estado, principalmente mineras o energéticas, ya han materializado inversiones, las que por ahora, no han rendido los retornos esperados.
No obstante se trata principalmente de proyectos, hay algunas iniciativas que ya habían iniciado su etapa de construcción. El caso emblemático es Pascua Lama, proyecto minero del cual la empresas a cargo ya ha invertido US$4.800 millones de los US$8.000 millones comprometidos, situación que genera gran preocupación en la compañía y ha gatillado una serie de cambios tendientes a mejorar, de manera urgente, la performance ambiental del proyecto y a garantizar los cumplimientos de la resolución de calificación ambiental (RCA).
Pero además de Pascua Lama, la planta Freirina, de Agrosuper, se encuentra en una situación similar, que de un total de US$500 millones que costaba el proyecto en su totalidad, alcanzó a invertir prácticamente la totalidad de esa cifra, a lo que debió agregar recursos adicionales en medidas tendientes a mejorar la situación de olores, que generó gran molestia entre los vecinos de la planta y que generó la reacción de la autoridad, en un proceso sancionatorio.
Si bien, en este caso no se trata precisamente de un asunto judicial, sino que de una paralización voluntaria, esto se debe a que la empresa consideró injustas e inviables los requisitos y limitaciones impuestos por la autoridad, a lo que se suma que las protestas ciudadanas y la violencia ejercida por terceros en contra de las instalaciones de Agrosuper en Freirina hicieron imposible que se continuara con el trabajo.
“La empresa intentó seguir operando, sin embargo, nuevamente un grupo minoritario de violentistas impidió la operación normal, poniendo de nuevo en peligro la integridad física y bienestar de los trabajadores, las instalaciones y los vecinos. Esta situación hizo que, en una sesión extraordinaria, el directorio tomara la decisión de paralizar indefinidamente el proyecto, consignando en los resultados de diciembre, una importante pérdida”, explicó en la Memoria 2012 de la compañía el presidente de Agrosuper, Gonzalo Vial.
Los casos más complejos
En el sector energético la realidad es diferente, principalmente para los proyectos que se iban a instalar en el SIC Norte (que abarca las regiones de Atacama y Coquimbo) donde puede hablarse, casi, de recursos botados a la basura.
Es el caso, por ejemplo, de los US$300 millones que alcanzó a desembolsar la empresa MPX Energia, ligada al empresario brasileño Eike Batista, para el desarrollo de la Central Termoeléctrica Castilla. Estos dineros fueron gastados en el plan de difusión de la central, en la elaboración de estudios y otros ítems, pero no permitieron viabilizar el proyecto, al que la Corte Suprema declarara ilegal. En la misma situación se encuentran otras iniciativas como Barrancones o Cruz Grande, que ya no van y en la que la inversión también fue inútil.
Distinto es el caso de Hidroaysén, proyecto respecto del cual los socios, Endesa y Colbún, han gastado cerca de US$200 millones. La sociedad espera retomar el proyecto, situación que por ahora depende de que se cite al Consejo de Ministros, situación que aún no ocurre.
Fuente / Pulso