Ley Reservada del cobre y Capitalización de Codelco

Columna de opinión de Juan Carlos Gajardo, director ejecutivo de Cesco.

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(Cesco) La ley reservada del cobre parece tener sus días contados. Este anacrónico mecanismo, que se resistió por años a desaparecer, sería reemplazado por un sistema de financiamiento cuatrienal –en el marco de una planificación a 12 años que elaborarán las Fuerzas Armadas-, a ser tramitado separadamente del Presupuesto General de la Nación. De lograr ser derogada esta ley por el Parlamento, constituiría una excelente noticia para todos, incluyendo a las Fuerzas Armadas. A éstas les conviene porque su financiamiento de armamento se obtendrá con mayor legitimidad social y no estarán expuestas a una excepcionalidad que las marginó de la discusión presupuestaria nacional por décadas.

También es favorable para la imagen del país ya que este tema siempre ha sido utilizado en foros internacionales para desprestigiar el exitoso modelo de desarrollo minero de Chile. Para las finanzas públicas también es relevante ya que evitará que cada año se sigan acumulando cifras inmensas al amparo de esta ley, más aún cuando los próximos años serán de precios del cobre muy elevados. Y para Codelco es importante porque le quita la mochila de ser responsable de financiar las compras de armas, y con ello amplía su potencial de acción internacional.

Pero este cambio anunciado en la ley reservada no debiera excluir otro ángulo, muy relevante para Codelco. En efecto, si el país será capaz de dejar atrás décadas de un sistema de financiamiento de compra de armamento basado en la excepcionalidad y el secreto para avanzar hacia un mecanismo más transparente y de largo plazo, ¿porqué no pensar también en que la fuente que soportó esta carga por años, Codelco, pueda contar con un sistema de financiamiento transparente y de largo plazo?. Si en el pasado el financiamiento de Codelco era el resultado de una negociación anual con el Ministerio de Hacienda -la cual estaba inherentemente ligada a la temperatura política y fiscal del momento-, la nueva ley de gobierno corporativo establece que al 31 de marzo el directorio debe proponer un plan trienal de inversiones y financiamiento, incluyendo una propuesta de capitalización de utilidades. Esta capitalización resulta fundamental para el desarrollo de Codelco y debiera constituir por ende una norma suficientemente clara (en la forma de un porcentaje de utilidades, por ejemplo), como para aportar certeza y visión de largo plazo a la administración de la compañía. Lo anterior debiera ser un mínimo para el país si de verdad se tiene convicción en la reforma al gobierno corporativo de la empresa como un medio efectivo para cambiar la realidad de la principal empresa nacional.

Chile se acostumbró a entender Codelco como una fuente de recursos sin considerar adecuadamente que se requiere invertir para poder generarlos. Así, mientras Codelco ha entregado al fisco 45 mil millones de dólares entre 1990 y 2009, la inversión pública en la empresa alcanza a 17 mil millones de dólares en el mismo período, siendo la mayor parte de este monto resultado de la depreciación de activos y no de aportes directos del estado. Hay fuerte evidencia de que Codelco ha subinvertido respecto de los montos que hubiese requerido para su funcionamiento y por ello es que sus desafíos de inversión en los próximos años resultan tan determinantes para el futuro de esta empresa.

Codelco acaba de anunciar una inversión de 2.200 millones de dólares para desarrollar la Mina Alejandro Hales, siendo este uno de los 4 proyectos denominados estructurales pues su materialización resultará en una transformación determinante en la Corporación. De la suerte de estos proyectos dependerá el futuro de Codelco, a tal punto que su Presidente Ejecutivo señaló que de no realizarse, la producción caería a prácticamente la mitad hacia el año 2019 y por ende el aporte al fisco desaparecería a partir de ese momento.

Los problemas de subinversión que ha arrastrado Codelco y la magnitud de sus desafíos futuros plantean por ende la conveniencia de que exista una política de capitalización explícita que opere con una óptica de largo plazo tal como hoy se propone para el financiamiento de las adquisiciones de armamentos. Arreglemos dos problemas de una sola vez, después de todo ambos estuvieron atados durante muchos años.

Fuente/ Cesco

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