(El Mercurio).- Desde hace algunas semanas y tras un largo debate, el Gobierno promulgó la nueva ley de gobiernos corporativos, que busca corregir varias asimetrías en el mercado y, además, entrega herramientas para dotar a las compañías chilenas -de mediano a gran tamaño- del acceso a las mejores prácticas en materia de administración societaria.
Cuatro son las dimensiones clave de la nueva ley: más información para el mercado -mejorando la transparencia e igualdad de oportunidades entre todos los agentes-, el fortalecimiento de la figura de los directores independientes, nuevos deberes y obligaciones para los directorios y modificaciones en OPAs y cambios a los comités de directores.
Pese a lo relevante de los cambios, las empresas aún no le toman el pulso a la nueva ley, y tanto gerentes como directores no conocen las nuevas responsabilidades que deberán asumir.
Lo anterior es crítico para estos ejecutivos, porque son los que más responsabilidades nuevas tendrán. Por ejemplo, si un director comete alguna falta -como uso de información privilegiada-, podría quedar inhabilitado de ejercer su cargo y la empresa deberá buscar otro director. Hoy, en cambio, el concepto de información privilegiada está mucho más acotado, a lo que se suma el que las penas son menos drásticas.
El director ejecutivo del Centro de Gobiernos Corporativos de la Universidad de Chile, Dieter Linneberg, explica que la capacitación es ahora más importante que nunca en las empresas, sobre todo para directores y gerentes, considerando las nuevas responsabilidades que caerán sobre sus hombros.
Según varios estudios de abogados, hasta el minuto no se nota una masiva consulta de las empresas para conocer los alcances de la nueva ley, situación que debiera revertirse dada la magnitud del cambio legal.
«Las empresas deberían empezar a estudiar la ley y hacer cambios. Muchas compañías tienen desarrollados manuales y códigos que sirven para aminorar o para demostrar que han hecho una buena función y no sean acusados por eso», explica Linneberg.
Agrega que uno de los aspectos más relevantes es el hecho de que la nueva ley castiga con dureza prácticas irresponsables en directorios y en la alta gerencia, como por ejemplo la inhabilitación para quienes cometan ilícitos. «Entregar información falsa o usar información privilegiada los inhabilita automáticamente para seguir en el cargo», advierte Linneberg.
Según el socio principal de Ernst&Young Chile, Cristián Lefevre, uno de los aspectos más importantes que introduce la nueva ley es el incremento de la transparencia en el flujo de la información entregada al mercado. «De esta forma, se establece la obligación de que las personas obligadas a comunicar sus transacciones en acciones de la compañía deban hacerlo en plazos más breves y expeditos», dice.
Otro aspecto relevante, según Lefevre, es el hecho de que la ley distinga la presunción de posesión de información respecto de la presunción de acceso a la información, lo que permite un alcance mayor, ya que involucra a aquellas personas que, sin ser parte de la administración, interactúan con ella y bajo ese criterio manejan datos sensibles para una compañía.
Agrega que en la nueva ley de gobiernos corporativos privados la autorregulación en las empresas pasa a tener una importancia vital. Esto es destacado por Lefevre, quien cree que el exceso de regulación tiende a asfixiar a los mercados. «Esto desincentiva a los inversionistas y no asegura los resultados deseados que buscan la protección de los inversionistas», plantea.
Autorregulación
Con esta nueva ley, la autorregulación en las empresas pasa a adquirir una vital importancia.
Fuente / El Mercurio