(El Mercurio).- «Estoy trabajando para que me vaya bien y me la juego por completo por el Plan A del Gobierno». Así de categórico fue ayer el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, a la hora aclarar la postura que expondrá su cartera durante la tramitación del plan de financiamiento de la reconstrucción en el Senado.
El escenario se avizora complejo para el Ejecutivo luego que parlamentarios de la oposición adelantaran su rechazo al proyecto, que considera un alza transitoria en el Impuesto de Primera Categoría, un nuevo sistema de royalty para la minería, una modificación transitoria a la Ley Reservada del Cobre, el establecimiento de un límite de 900 UF para los depósitos convenidos y cambios en materia de impuesto territorial y DFL2.
Incluso, el secretario de Estado descartó tajantemente la existencia de un «Plan B» para obtener los US$ 3.225 millones que provendrán del paquete tributario y entre sus argumentos sostuvo que el Gobierno ha mantenido «una política de puertas abiertas» con los parlamentarios de la Concertación y que lo fundamental es ayudar a las personas y las pymes.
En tanto, frente al planteamiento de senadores de la Concertación, que han advertido que con la propuesta del Ejecutivo habrá un impacto negativo en términos de recaudación fiscal, dado que los beneficios tributarios son permanentes -no así las alzas-, Larraín fue categórico en asegurar que «no vamos a quedar desfinanciados».
Las alternativas
Al margen de la negativa expresada por el Gobierno a buscar otras fuentes de financiamiento, lo cierto es que cuatro son las principales opciones que tiene la administración de Sebastián Piñera para obtener los recursos que exige el proceso de reconstrucción, si se rechaza el plan tributario.
Estas son modificar el proyecto de ley presentado, profundizar las reasignaciones presupuestarias, incrementar el nivel de deuda o bien realizar una mayor cantidad de giros a los recursos acumulados en el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES).
Fuentes del oficialismo afirman que el Gobierno insistirá con su propuesta y que incluso Hacienda jamás le ha planteado a los parlamentarios de RN y la UDI el uso de otros instrumentos. Desde esa perspectiva, señalan que el Ejecutivo se mantendrá firme para que el alza al impuesto de Primera Categoría sea transitoria, pero que cedería sobre el impuesto de timbres y estampillas.
De esta forma, se evitaría que dicho gravamen suba a 1,2% el 1 de julio, pero no se planteará un nivel de 0,6% permanentemente, medida que rechazan desde la Concertación, pues dicen que en el plan fiscal se están mezclando regímenes distintos.
Coinciden los economistas Patricio Rojas, de Rojas & Asociados, y Rodrigo Aravena, economista jefe de Banchile, quienes señalan que el problema que está enfrentando el Gobierno radica en que se están considerando alzas tributarias transitorias con rebajas permanente, de ahí que llamaron a transparentar el proyecto y aclarar qué instrumentos están netamente vinculados a la reconstrucción.
Los pros y contras del «Plan B» del Ejecutivo
Repatriar dólares del FEES
El Gobierno ha señalado que se recurrirá a este instrumento, pero en forma moderada dado el fuerte uso de estos fondos en 2009 y porque estos recursos son para enfrentar crisis externas. Si el Ejecutivo optara por repatriar una mayor cantidad de dólares del FEES, el impacto sería a la baja en el tipo de cambio.
Emisión de deuda local
Con esta alternativa se minimiza la posibilidad de una caída en el tipo de cambio, lo que es bueno para el sector exportador. Sin embargo, se genera una presión al alza en las tasas de interés.
Endeudamiento externo
Economistas destacan que Chile tiene una baja deuda soberana respecto de otros países emergentes y una sólida posición crediticia, por lo que las tasas a las que se puede endeudar en el mercado externo son atractivas.
El problema, advierten, es que finalmente estos recursos en dólares serán liquidados en el mercado local, produciendo efectos a la baja en el tipo de cambio.
Fuente / El Mercurio