(La Tercera) Un día después de la presentación de la indicación sustitutiva al multiRUT, la percepción de los actores comenzó a cambiar.
Uno de los primeros en manifestar su visión crítica fue el vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Nolberto Díaz, quien lo calificó de “un mal proyecto”, pues no resolvería los problemas de fondo. A su juicio, el Ejecutivo debería haber eliminado el concepto de empresa, en lugar de establecer una definición de empleador que “pone requisitos a los jueces, actuando en desmedro de lo que ya garantizan los tribunales”.
También reconoció tener aprensiones el presidente de la Confederación Nacional de Sindicatos y Federaciones de Trabajadores del Comercio y Servicios (Consfecove), José Luis Ortega, quien aseguró que buscarán introducir modificaciones durante la discusión parlamentaria. Bajo su análisis, la indicación judicializa aún más el proceso actual, asegurando que los conflictos se podrían extender por más de un año.
“La enmienda que envió el Ejecutivo no subsana los problemas que ocurren actualmente; no resguarda lo suficiente a los trabajadores, ya que se pueden seguir cometiendo los mismos vicios. Por eso esperamos que se pueda profundizar el vínculo y dependencia de las empresas”, señaló. El representante del comercio afirmó que la propuesta del gobierno da espacio para que se sigan cometiendo abusos, llevando, por ejemplo, a que una firma contrate a un gerente de recursos humanos para cada empresa, para evitar ser calificada bajo una dirección laboral común.
La indicación será materia de análisis en la reunión que sostendrá hoy en la tarde la directiva de la CUT, que dará a conocer su postura oficial en la materia durante las próximas horas.
Ayer, Cristián García-Huidobro, secretario general de la Cámara de Comercio de Santiago, valoró que el Ejecutivo reconociera que “la multiplicidad de RUT no es un mal en sí mismo, sino que su calificación dependerá de la intencionalidad con que se aplica”. Sin embargo, precisó que “queda la impresión de que no es un texto autosuficiente, ya que deja abiertos muchos espacios a la interpretación, lo cual resta certeza jurídica”. Defendió que una mejor opción sería establecer un panel de expertos que se pueda pronunciar caso a caso, en lugar de dar espacio de discrecionalidad a los tribunales y la Dirección del Trabajo.