(La Tercera)A comienzos del mes de junio, en completo sigilo, La Moneda encomendó a Hacienda iniciar los análisis técnicos para la implementación de una reforma tributaria permanente. La misión quedó a cargo de dos funcionarios de la cartera que lidera Felipe Larraín: Carolina Fuenzalida, coordinadora del Area de Políticas Tributarias del ministerio; y Rodrigo Cerda, coordinador macroeconómico de la misma repartición.
En paralelo, el tema fue ganando espacio en las instancias de análisis político de Palacio. En los últimos días, la implementación de una reforma que podría marcar un punto de inflexión en la administración Piñera se debatió en al menos dos reuniones, en las que participaron ministros de La Moneda. «Es evidente que el país va a enfrentar un debate sobre una reforma tributaria», sentencia una alta fuente de gobierno.
En el Ejecutivo ya se han puesto un plazo para materializar el alza de impuestos: diciembre de este año. Ese mes se cumplirá la primera fase del incremento transitorio al impuesto de primera categoría que se aprobó para financiar la reconstrucción tras el terremoto de febrero del 2010, que contempló un incremento de 17% a 20% para 2011, para luego bajar a 18,5% en 2012, y en 2013 retornar al nivel habitual. En el gobierno señalan que la fórmula que gana más adeptos para implementar el cambio es mantener el gravamen en 20%. «Resulta más fácil mantener un impuesto que bajarlo y luego analizar una nueva alza», señala un ministro que favorece la idea de implementar un alza tributaria. En La Moneda también se analiza otra fórmula, que supone un alza de gravámenes a las empresas, una disminución al impuesto a las personas, e incluso, la reducción del IVA.
El diseño original apuntaba a instalar el debate paulatinamente. En los últimos días, sin embargo, desde Palacio se ha planteado la idea de que Piñera abrirá la discusión durante agosto. Altas fuentes de La Moneda señalan que la reforma tributaria sería parte de un diseño para poner en el eje de las prioridades del gobierno el combate a los abusos y la desigualdad en la sociedad chilena.
Las mismas fuentes señalan que el presidente dio pistas importantes sobre eso en su reciente discurso en el aniversario del diario La Segunda. «Las desigualdades que vivimos en Chile son excesivas, y yo siento que son inmorales», dijo en la ocasión.
En el último tiempo, además, Piñera ha abordado el tema con ministros y parlamentarios. A comienzos de julio, el Presidente lo conversó largamente con Pablo Longueira, entonces senador de la UDI, en el avión presidencial en su gira a México. Longueira puso sobre la mesa la idea de modificar la estructura tributaria, aumentando los gravámenes a las empresas y disminuyendo la carga impositiva a las personas. La medida, argumentó el ahora ministro de Economía, permitiría financiar a largo plazo el fondo de $ 4.000 millones de dólares para mejorar el acceso a la educación superior y contrarrestar las protestas estudiantiles.
Al día siguiente de retornar al país, parlamentarios de RN le solicitaron analizar un ajuste tributario para aumentar los recursos destinados a la educación preescolar.
En ambas ocasiones, Piñera dio la misma respuesta: analizaría a fondo el tema.
En La Moneda y en Hacienda coinciden en que la idea es aplicar la reforma antes de fin de año. Altos personeros de gobierno señalan que el tema se instaló a partir de la crisis educacional, donde la Concertación intentó posicionarse relacionando el financiamiento a las reformas prometidas por Piñera a una alza de impuestos. Además, no son pocos quienes creen que el combate contra los abusos -como ha quedado de manifiesto en el caso La Polar- y la desiguadad podría terminar convirtiéndose en el «relato» de la administración Piñera. Y sienten que una reforma tributaria fortalecería la idea de que el gobierno está del lado de los más desprotegidos.
En esa línea, varios personeros de gobierno creen que una reforma tributaria impulsada por un gobierno identificado con el mundo empresarial puede reportar dividendos políticos. Otros, más escépticos, sostienen que la iniciativa no tendrá el impacto de, por ejemplo, el paquete de leyes laborales que impulsó el gobierno de Eduardo Frei entre la primera y segunda vuelta de las elecciones de 1999, que favorecieron el triunfo de Ricardo Lagos. La diferencia, arguyen, es que en esa ocasión la Alianza rechazó las reformas impulsadas por el titular de la Segpres de ese entonces, José Miguel Insulza. Ahora, en cambio, la oposición debería apoyar la reforma, e incluso, exigir que los cambios fueran más profundos.
Este martes, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Lorenzo Constans, concretará su primer encuentro con el ministro Pablo Longueira. La reunión fue solicitada por el líder de la multigremial, quien en privado ya adelantó que uno de los temas que pondrá sobre la mesa será la inquietud de su sector ante las señales que emanan de La Moneda sobre la implementación de una reforma tributaria en el corto plazo.
La inquietud de Constans no es casual. En las últimas semanas dos senadores de RN pusieron el tema en la agenda pública. Y el propio Longueira -el domingo pasado en La Tercera- se abrió a una alza impositiva para financiar políticas públicas como la reforma educacional y el ingreso ético familiar.
En Palacio saben que se trata de una medida que genera controversia en el sector y que es sumamente resistida por los grupos importantes de la UDI, representados por el senador Jovino Novoa, quienes el año pasado ya se habían manifestado contrarios a la implementación de un alza tributaria transitoria para enfrentar los efectos del terremoto.
Una prueba de ello ocurrió hace tres semanas. Luego que el senador RN Francisco Chahuán planteara una propuesta de reforma tributaria, la comisión económica de la UDI sacó una dura declaración pública. «El programa de gobierno del Presidente Piñera no contempla un aumento de tributos y por ello la comisión económica de la UDI, principal partido de gobierno, se opondrá con fuerza a un aumento de impuestos que terminará empobreciendo al país», decía un texto escrito, entre otros, por el propio Novoa y el ex ministro de Hacienda Hernán Büchi, hombre emblemático del instituto Libertad y Desarrollo.
Días más tarde, el presidente de la Sofofa, Andrés Concha, se alineó con esta postura. «Cambiar la estructura tributaria nos haría perder el foco del crecimiento», señaló.
En LyD también hay incomodidad. La palpó el titular de la Segpres, Cristián Larroulet, en un desayuno con directivos del centro de pensamiento. El ministro -quien antes de llegar al gobierno era uno de los rostros más influyentes del thin tank- escuchó duras críticas contra el manejo económico que tuvo el Ejecutivo en el proyecto que extiende el posnatal y el que elimina el 7% que imponen los jubilados por concepto de salud. En esa cita, Larroulet aseguró que el gobierno no adoptaría ninguna medida que implicara frenar el desarrollo económico. Y que cualquier ajuste tributario sería marginal, posición que es compartida por el ministro Felipe Larraín.
En Palacio, sin embargo, hay otros personeros que favorecen la idea de instalar un debate abierto sobre el alza de impuestos.
Según explican en Hacienda, además de la mantención del impuesto de primera categoría en un 20%, los expertos a cargo del análisis técnico evalúan revisar el gravamen y la fiscalización al transfer pricing, es decir, al precio de transferencia en la minería de los productos que se venden desde una filial a una casa matriz fuera del país. También buscan una fórmula para mejorar el sistema de retención de los impuestos a créditos y del impuesto a la herencia. En paralelo, se analiza el disminuir la carga de impuestos a la clase media, bajando, por ejemplo, la tasa de impuesto a la renta en determinados tramos.
En cualquier caso, en La Moneda como en Hacienda, aseguran que tanto la decisión política y como la técnica depende exclusivamente de Sebastián Piñera. «Tal como ocurrió tras el terremoto, sólo él va a decidir si es políticamente conveniente aplicar una reforma y qué herramientas va a utilizar», asegura un ministro.
Fuente/La Tercera