(Pulso) Salvo EFE, Metro, Enacar y ENAP, todas las demás empresas públicas acumulan utilidades durante los nueve primeros meses del año. Con un Codelco disparado, que elevó en 31% sus ganancias al agregar en su balance los beneficios de negocio con Anglo, y un panorama, en general, auspicioso.
De acuerdo con los balances enviados a la SVS por 18 compañías públicas, las utilidades agregadas llegan a US$4.791 millones en el período, cifra que es 35% mejor que la de 2011, que alcanzó, a igual lapso (enero-septiembre) los US$3.558 millones.
El problema es que eliminando a Codelco del balance la cifra se revierte y pasa a rojo, con US$103 millones de pérdidas versus US$170 millones de pérdida en 2011. En este caso, lo que distorsiona el cálculo es ENAP y los US$226 millones de pérdida acumulada.
Pero lo que más se valora en el sector público es lo que ha ocurrido con el resto de las empresas. El Metro, por ejemplo, si bien pierde casi $3 mil millones, revierte casi la totalidad de los $80 mil millones que contabilizaba hace un año. BancoEstado y Zofri mejoran, al igual que varias portuarias, lo que configura un escenario auspicioso.
¿Mejoras en la eficiencia de su gestión? En parte sí. En el mercado se instaló la idea de que el gobierno de Sebastián Piñera introdujo un cambio valioso al haber incorporado ejecutivos provenientes del mundo privado a las empresas públicas, dando fin a la vieja práctica de incorporar dirigentes políticos a la cabeza de las compañías y transformarlas en un verdadero botín.
Así lo ven en el Sistema de Empresas Públicas (SEP), que ante las consultas de PULSO sostuvo que parte importante del resultado obedece a cambios de administración.
“En el SEP vemos con buenos ojos los resultados financieros a septiembre de este año, los que dan cuenta de una gestión con foco en una mejor eficiencia en los costos y evidentes mejoras en los ingresos”, fue la respuesta oficial del organismo.
Pero el mejor resultado lo muestra una empresa que está afuera del SEP, Codelco. Allí comparten los méritos dos ejecutivos de reconocida trayectoria en el mundo privado, Gerardo Jofré y Thomas Keller. Y para ser objetivos, también se podría contabilizar al ex presidente ejecutivo, Diego Hernández, quien hoy está nada menos que a la cabeza del negocio minero del grupo Luksic.
Antes del gobierno de Piñera, Codelco era territorio de un partido político (en este caso, la DC), y además en permanente conflicto con los sindicatos (ligados a la izquierda)
EL CAMBIO QUE ESPERA
Pero más allá de los resultados, el punto negro de este sector sigue estando en sus gobiernos corporativos. Se suponía que el modelo de Codelco se iba a replicar en todas las empresas públicas. Sin embargo, aún no se concreta.
Tras la gigante cuprífera le tocaba el turno a la petrolera estatal ENAP. Es más, durante el gobierno de Michelle Bachelet se elaboró un anteproyecto que, una vez asumido el gobierno actual, se guardó en el congelador hasta hoy. Según el ex ministro de Minería, Santiago González (quien presidió el directorio de la estatal, antes de que este cargo pasara a Energía) esto no tiene mayor explicación, porque incluso se había consensuado la idea entre la administración, los trabajadores y el Parlamento.
González, quien hoy oficia como director del programa minero de la Universidad Central, cree que el hecho de que se haya echado pie atrás en la discusión sobre ENAP contribuye -sin ser en lo absoluto la razón excluyente- a que los números de la petrolera sigan siendo negativos. ENAP no puede cumplir un rol de soporte ni explorar nuevas alternativas de negocio, precisamente porque no cuenta con un nivel de independencia ni tampoco con la fortaleza financiera como para asumir nuevos riesgos.
Álvaro Clarke, ex titular de la SVS y presidente del Centro de Gobierno Corporativo de la Universidad de Chile, cree que una tarea pendiente es la modernización del SEP, cuestión que se está trabajando.
“Siempre hay tareas por hacer, sin embargo, el país ha tenido avances muy relevantes. Entre éstos, la creación del SEP, la modernización sucesiva del marco legal de varias empresas públicas y la creciente profesionalización de los directores electos por el Estado. Todos estos son coincidentes con las recomendaciones de la OECD para empresas del Estado. Hacia el futuro es clave modernizar el SEP, siendo posiblemente el factor más gravitante la transformación de un instrumento de gobierno a uno de estado. Esto implica que los consejeros debieran ser electos por períodos que no coincidieran con los presidenciales y posiblemente con una fórmula práctica análoga a la forma de elección de consejeros en el Banco Central. Esto permitirá mirar la gestión de la compañías a plazos más largos y contar con estamentos especializados en las mismas”, explica el personero.
Fuente / Pulso