Finalmente ayer ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que inyecta US$ 1.000 millones al Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC) y capitaliza por US$ 250 millones a ENAP.
Sin embargo, lo más novedoso del texto es que a partir de ahora el FEPC también subsidiará las ventas que realice la petrolera estatal, cambio destacado por el mercado.
En la actualidad, el instrumento expresamente dejaba fuera del subsidio a la producción de ENAP, enfocándose solamente en ayudar a las importaciones realizadas por las otras empresas.
El problema es que ENAP de todas formas debía vender sus productos a precios como si estuviese recibiendo el crédito del FEPC, por lo que, en la práctica, la empresa está subsidiando a los consumidores nacionales, impactando de forma significativa en sus resultados financieros.
De acuerdo a la experta de Econsult, Michèle Labbé, esto es una buena medida “ya que empieza a transparentar el sistema”.
En julio
Aunque el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, dijo ayer que las últimas alzas en el precio de la bencina “llama a actuar con mayor intensidad, de modo que tengamos este proyecto ojalá muy pronto convertido en ley y que la gente pueda recibir este beneficio”, lo cierto es que el texto enviado al Congreso señala que la inyección de recursos por US$ 1.000 millones se realizará sólo a partir del 1 de julio de 2008, es decir, en casi un mes más.
El único parámetro que se modifica en el FEPC mediante el proyecto es la obligatoriedad de recortar el subsidio cuando no existan recursos suficientes para garantizar su aplicación por las próximas doce semanas. Ahora deberán garantizarse platas hasta el término del fondo, en junio de 2010.
Mediante el proyecto no se ampliaron los plazos para calcular los precios de referencia, modificaciones que son necesarias para lograr bajar el precio del kerosene y el diésel cerca de $ 50.
Esto se explica porque el gobierno puede realizar esos cambios mediante decretos, sin necesidad de ley, la que entrega sólo un límite máximo del plazo de 52 semanas.
Fuente / Diario Financiero