(Pulso) “Acá hay certeza. Los mejores reglamentos del mundo están incorporados en esta nueva normativa”.
Más que satisfecho se muestra Ignacio Toro Labbé, director del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), luego que la Contraloría le diera el visto bueno final al nuevo reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
“Entramos en la fase final; ahora viene la difusión del reglamento y luego su implementación en el servicio”, dice este experto que acumula casi tres años en el Servicio de Evaluación Ambiental.
Toro participó activamente en el desarrollo del nuevo reglamento. Y frente a cada crítica salió a justificar los cambios e innovaciones que en éste se incorporan. Como cuando en su último informe, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) se lanzó en picada en contra de la nueva normativa, aduciendo que contiene una serie de insuficiencias en materia de regulación de las consultas a pueblos indígenas relativos a proyectos de inversión.
El director del SEA replicó de inmediato: “Para la elaboración del instrumento se desarrolló un proceso participativo con los pueblos originarios”, destacó en su momento.
Hoy, con el reglamento publicado en el Diario Oficial, el experto destaca que cuando entre en vigencia, dentro de unos tres meses, habrá un proceso de consulta indígena que se extenderá durante toda la tramitación ambiental, y dónde cualquier iniciativa, por muy pequeña que sea, pero que influya en una comunidad indígena, estará obligada a presentar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
No obstante, reconoce que aún hay temas pendientes, como la ubicación de los proyectos, por ejemplo, termoeléctricos.
Varias administraciones, como la de Michelle Bachellet y la del propio presidente Piñera, han anunciado modificaciones para definir los espacios en dónde se podrían levantar cierto tipo de proyectos de inversión, pero aún no hay nada definido al respecto.
“El fallo de Castilla (central paralizada por la Corte Suprema) fue por un tema de planificación territorial, porque no cabía en ese espacio. Todavía hay un problema claro en definir: dónde se emplazan los proyectos”, afirma Toro Labbé.
El experto explica: “Que los proyectos no se materialicen responde a numerosas causas, muchas de ellas fuera del SEIA, aunque hay otras que sí. Las que no tienen que ver con el servicio son los elementos de planificación territorial, planificación de la matriz energética que independiente del mecanismo -si es el mercado el que lo planifica o el estado lo propone-, eso no depende del SEA. Cuándo dicen que la matriz se está carbonizando y que faltan otro tipo de energías… eso no depende del SEIA”.
¿Es decir, aún hay temas pendientes para evitar la judicialización?
Nosotros nos hacemos cargo de los flancos que nos corresponden para que las inversiones se materialicen.
¿Cuáles son las diferencias que pueden destacarse en relación a los titulares que presenten un nuevo proyecto al Servicio de Evaluación Ambiental?
Ahora, para los titulares hay un mayor nivel de certeza; ahora ellos sabrán cuál es la información que realmente se requiere para hacer evaluaciones en etapas tempranas.
El reglamento anterior no establecía cuál era la información más relevante para la Evaluación de Impactos Ambientales. Ahora se pedirá una definición sobre la ubicación del proyecto, su perímetro, y así se podrá cotejar qué elementos se ven afectados con una mayor precisión.
Se clarifican los contenidos, medidas de mitigación y medidas de riesgo. Este instrumento no servirá para estudiar cuáles serán las estructuras o fierros que requerirá un proyecto, por ejemplo, para soportar un terremoto, sino que lo que se verá acá será la información medioambiental.
¿En este reglamento se establece un acercamiento previo con las comunidades?
Ese es un tremendo avance que se incluyó en el reglamento, y que se relaciona a cómo se incorporan las normativas de derechos humanos a un Estudio de Impacto Ambiental. Ahora se incluirá todo eso. En ese sentido, se incorporó la posibilidad de que un inversionista puede preguntar a la autoridad, mucho antes de la incorporación de un Estudio de Impacto Ambiental, qué criterio tener en cuenta al confeccionarlo. El inversionista puede preguntar en etapas previas, es decir, el titular puede conocer antes a las comunidades y conocer sus aprensiones.
¿Con este nuevo reglamento, los proyectos tendrán menos flancos que enfrentar para su desarrollo?
La judicialización responde a conflictos no resueltos que tienen en relación a un Estudio de Impacto Ambiental. Ahora habrá nuevas herramientas que permitirán solucionar esos conflictos que llevan a la judicialización, pues se espera un mayor número soluciones previas. En un eventual juicio, ahora los proyectos tendrán mejores antecedentes técnicos que presentar.
¿La participación ciudadana será durante todo el proceso de evaluación, en particular con las comunidades indígenas?
Acá la participación ciudadana son sólo los primeros 60 días y después de cada adenda, si es que hay modificaciones sustantivas, habrá 30 días. Ahora, la diferencia en el diálogo indígena es que el proceso será continuo, empieza cuando ingresa el estudio, se extiende durante todo el proceso y termina cuando se le entrega la Resolución de Calificación Ambiental al titular. Luego, una vez entregada la RCA, el SEA vuelve a hablar con los pueblos originarios, les plantea sus observaciones, cómo fueron consideradas y, en definitiva, cómo fueron ellos consultados en la toma de decisiones del proyecto.
¿Sirvió de algo la mesa de consenso indígena lanzada por el gobierno?
El otro reglamento busca establecer un procedimiento general para cualquier medida administrativa susceptible de afectar a los pueblos originarios. Por ejemplo, si pone un municipio y si afectará a las comunidades se deberá usar el procedimiento que se tome en esa mesa, por lo que es una medida general. En este caso, la RCA debe ser consultada, pero es la única que debe hacerse distinta, pues hay que hacer un procedimiento específico para la evaluación.
¿Pero, qué pasará en el evento que la mesa de consenso no llegue a acuerdo?
No debería tener una mayor repercusión si eso sucede. Habrá un desafío en la implementación del nuevo reglamento.
Fuente / Pulso