(La Tercera) Las grandes empresas se sumaron a las críticas del sector privado por la normativa que la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) terminó de poner en consulta del mercado el 4 de agosto. La iniciativa legal busca que los directores de las sociedades anónimas abiertas se autoevalúen y que contesten una vez al año, de manera obligatoria, un cuestionario que mida la adopción de una serie de buenas prácticas de gobierno corporativo, dividido en cuatro ítemes: preparación y ejercicio del cargo, relación de la empresa con accionistas, política de retención de ejecutivos y políticas de riesgos y control interno.
Las firmas cuestionaron, en sus respuestas a la SVS, la legalidad de la normativa y empresas como Quiñenco y Falabella acusaron grados de inconstitucionalidad.
El presidente del retailer, Juan Cuneo, aseguró que la iniciativa resulta “preocupante y genera incertidumbre”, porque, en diversos casos, excede lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas. Cuneo cuestionó la figura de un evaluador del gobierno interno, ya que, “finalmente, sería más importante que el directorio mismo, ya que este último sería evaluado por un dependiente”.
Quiñenco, sobre la base de consultas a sus abogados externos, manifestó su preocupación porque algunos estándares de los principios de la norma “van más allá de la facultades que la ley le confiere al regulador, no existiendo, por ende, una orden que imperativamente obligue a la sociedad a acoger e implementar dichos principios y medidas sobre las cuales se consulta”.
Aludiendo al hecho de que la normativa busca que los directores se refieran en forma voluntaria al cumplimiento de la norma, el holding del grupo Luksic aseguró que las firmas que no lo hagan, “aparecerán en una condición de rebeldía frente al mercado”. Coincidió el gerente general de CCU, Patricio Jottar, también del grupo Luksic: “Aquellas sociedades que no se acojan total o parcialmente a los principios, aparecerán como rebeldes frente al mercado, lo cual puede causar evidentes distorsiones en la percepción de los inversionistas y público en general”.
Al lanzar la normativa, a principios de junio, la SVS sostuvo que el test será de utilidad, por ejemplo, para las bolsas para hacer rankings de buenas prácticas. Lo anterior, “claramente se divorcia de la legislación actual”, sostuvo Cuneo, ya que, a su juicio, ello “podría entorpecer u obstruir la libertad empresarial, generando una fuerte intervención en el mercado de valores, al favorecer a quienes adopten la normativa propuesta, lo que va en contra de la libertad de emprender que consagra nuestra Carta Fundamental”.
Según el abogado externo de Quiñenco, Pablo Rodríguez Grez, la iniciativa “pone en grave riesgo la actividad económica de las S.A. abiertas; introduce un mecanismo indirecto destinado a persuadir a los administrados, a objeto de que introduzcan en los órganos de la empresa modificaciones e instrumentos ajenos absolutamente a la reglamentación jurídica que regula su funcionamiento; anuncia su intervención en el mercado para favorecer la imagen de aquellos fiscalizados que adopten las medidas propuestas por la autoridad, y lesiona gravemente la libertad de empresa consagrada como garantía en la Carta Fundamental”.
El grupo Matte
Para el presidente de CMPC, Eliodoro Matte, el cuestionario de evaluación, “no se hace cargo de las distintas realidades existentes en las S.A.”, ya sea por su estructura de control, mercado en el que participan, tamaño u otros factores. Agregó que un cuestionario estandarizado “amenaza que no se haga una efectiva y sincera autoevaluación por las propias compañías y favorece que los ranking finalmente no reflejen el mérito efectivo de las prácticas que adopte cada sociedad”.
El presidente de Colbún, también del grupo Matte, Bernardo Larraín, sugirió que cada firma presente políticas y mecanismos de gobierno corporativo asociados a sus temas principales.
Agregó que al fijar “criterios de evaluación fundados en juicios de valor muchas veces subjetivos, se genera como efecto, entre otros, que la información entregada al mercado (…) transmita estándares que en algunos casos no serán comparables, o que incluso puedan haberse evaluado bajo criterios diferentes en el caso de estándares comparables, lo cual podría inducir a error a los inversionistas o al mercado respecto de las prácticas de gobierno corporativo de una S.A. abierta”.
Fuente / La Tercera