(La Tercera) Ampliar El gobierno redobló la presión para que las empresas mineras acojan el nuevo Royalty, que eleva los impuestos a las industrias. El escenario que escogió el Ejecutivo para reiterar su mensaje fue la cena anual del Consejo Minero.
Ante la asistencia de más de 600 personas del mundo de la minería, autoridades de gobierno, políticos y diplomáticos, el ministro de Minería, Laurence Golborne, señaló que «alinear los retornos, los ingresos, los resultados de la industria con la contribución que ésta hace al país en materia tributaria, es un imperativo».
La autoridad agregó que «para desarrollar una industria no sólo hace falta capital, reglas del juego claras y capital humano. También hace falta legitimidad social. Cuando una industria se escapa de la mente de los ciudadanos, y es percibida como que no desarrolla una actividad en forma justa y razonable, también tiene un problema de sustentabilidad».
Golborne explicó que pensando en esta valoración social «es relevante entender que la percepción de la industria como un todo, también se ve afectada por actuaciones individuales de cada uno de sus miembros». Por ende, agregó, «esperamos como gobierno que las empresas mineras voluntariamente acepten la modificación de sus contratos». En ese sentido, explicó que, cuando se proyectan precios del cobre a tres dólares la libra, eso nos permite señalar con confianza y tranquilidad que el país tiene una oportunidad de pedir una mayor contribución al sector minero, sin que esto signifique un impacto en la competitibidad o en las inversiones futuras».
Por su parte, el presidente del Consejo Minero, Miguel Angel Durán, planteó al gobierno la inconveniencia de aumentar los tributos específicos al sector minero. «Creemos que el aumento del Royalty hará que la actividad minera en Chile sea menoscompetitiva a nivel mundial. Esta no sólo encarece la operación de los yacimientos en actual explotación, una decisión de inversión y materialización que ya fue tomada, sino que acepta principalmente las perspectivas de que lleguen a materializarse los proyectos futuros, todavía pendientes de decisión y ejecución», dijo.
El dirigente agregó que la industria requiere de «estabilidad política, credibilidad, confianza y prestigio, que hemos sabido ganarnos como país en los últimos 20 años».
Asimismo, explicó que «el total de impuestos pagados del Estado por la gran minería entre 2003 y 2009 queda a más de US$ 24 mil millones», cerca del 25% de todos los impuestos recolectados en el país. «Esperamos que se reconozca y acepte el derecho de cada empresa minera a decidir voluntariamente si estos cambios le son o no aceptables, o si prefieren seguir bajo el régimen actual.
Marcelo Awad, presidente de Antofagasta Mineral, brazo minero del grupo Luksic, dijo que están analizando las distintas posibilidades que tienen y están evaluando el impacto que tendría el nuevo Royalty en el yacimiento Michilla.
Las mineras tendrán ahora como plazo para decidir si se acogen o no al nuevo modelo tributario hasta el 17 de enero.
Fuente/ La Tercera