Las dos últimas semanas de enero y los días previos al cambio de Gobierno podrán estar marcados por un tema que hace seis meses no estaba en la agenda minera: el pago del royalty.
Así lo dio a entender el ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, quien destacó que durante esos días -aunque sin apuro- el Gobierno podría enviar al Congreso una ley aclaratoria que obligue a Escondida a pagar el Royalty II, tributo que la empresa optó por no cancelar al momento de elegir una de las opciones planteadas en la ley.
La insistencia del Gobierno para hacer a la empresa pagar el tributo refleja, a juicio de la industria, uno de los errores que el Ministerio de Hacienda deberá asumir por no haber medido las consecuencias de «dejar abierta una ventana» que le permitió a la minera eximirse del royalty.
Y si bien Eyzaguirre conocía de antemano que la empresa no pagaría el tributo, este tema estalló en plena época de campaña electoral, donde el Ejecutivo se vio en la obligación de reaccionar con prontitud dado que, de otra forma, no podría cumplir con los montos esperados para financiar el Fondo de Innovación Tecnológica que comienza a operar este año.
Efecto en imagen
Más aún, en otras compañías mineras se destaca que enviar una ley aclaratoria afectaría de manera relevante la imagen de Hacienda. «Hacer una ley para una empresa en específico es algo inviable», dice un alto ejecutivo de una minera privada, quien agrega que «la confianza de los inversionistas extranjeros puede verse perjudicada, dado que el Gobierno chileno da dos opciones para tributar y luego, porque no le gusta una, hace toda una normativa para obligar a los inversionistas a optar por otra».
Y la pregunta que surge en la industria es cuál fue la razón por la que el Gobierno dejó abierta la posibilidad a las mineras de no pagar el impuesto específico. Si bien está claro que la mayoría lo cancelaría, ya que en términos económicos es más conveniente, la opción de que alguna de ellas no lo hiciera podría generar una fuerte pugna, tal como está sucediendo hoy con Escondida.
Pero si bien en los gremios mineros aseguran que el tema era conocido a nivel de la industria, en las asociaciones del sector recalcan que éste es un tema entre la compañía y el Gobierno.
Fuente/El Mercurio