(El Mercurio) Tras once meses de debate, ayer la máxima instancia de la institucionalidad ambiental, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, aprobó la norma que regula la emisión de las centrales termoeléctricas.
La instancia también despachó la norma que limita las descargas de material particulado (MP) 2,5, considerado el contaminante que más afecta la salud de las personas. Su límite se redujo y su vigencia se adelantó 10 años, a 2012.
Así, el Gobierno cumplió con el objetivo de evacuar en simultáneo estas dos normas, dado que el sector privado había señalado a la autoridad la necesidad de contar con la regulación de MP 2,5.
Aunque no en línea con las estimaciones de las empresas eléctricas, que pedíaan ocho años para adaptar las centrales a los nuevos parámetros, el nuevo documento establece un plazo mayor al que estaba originalmente planteado en el anteproyecto que surgió en el gobierno anterior.
De los tres años establecidos anteriormente, el nuevo documento -que las generadoras aún no conocen- fija que las unidades existentes y también aquellas declaradas en construcción dispondrán de cuatro años para cumplir los parámetros indicados en la norma, si están ubicadas en zonas saturadas de contaminación, mientras que en las áreas sin esta clasificación el plazo será de 5,5 años.
«Los plazos son importantes para garantizar la seguridad del suministro energético. Lo discutimos ampliamente y tenemos que dar plazos que sean duros pero realistas, que no arriesguen el suministro y que permitan a las empresas realizar sus inversiones», explicó la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez.
El Ministerio de Energía había manifestado preocupación por los plazos, pues algunas centrales más antiguas podrían no ser adaptadas y ello implicaría su salida de operación, en un momento en que toda la oferta eléctrica será necesaria por la normalización en el consumo.
En la industria eléctrica esperan conocer el citado documento, en el cual -según comentaron en una empresa- esperan se haya adoptado la norma europea tanto en lo referente a plazos y límites.
US$ 1.700 millones es el costo estimado para adaptar el parque térmico existente.
Fuente/El Mercurio