(La Tercera) La llegada a la I Región de un avión Hércules con 300 efectivos policiales y dos tanquetas, además de la incorporación de carabineros de la zona norte, bastó para desarticular el primer conflicto de contratistas del sector minero que ocurre en el gobierno de Sebastián Piñera.
Ayer la situación del yacimiento Collahuasi, ubicado a 4.400 metros de altura y a 185 km al sureste de la ciudad de Iquique, era delicada. Unos 500 trabajadores movilizados -que tenían tomada la mina desde el viernes- impedían la salida de unos 4.000 empleados indirectos de Collahuasi, los que fueron amenazados para adherirse a los contratistas.
En la jornada hubo fuertes riñas internas, saqueos en la zona donde se almacenan los alimentos y corte de los servicios básicos luz, agua y gas. Algunos empleados de Collahuasi caminaron 14 kilómetros para llegar donde inicialmente estaba el resguardo policial. El movimiento de los contratistas causó una fuerte preocupación en la minera, que presentó una querella por secuestro, usurpación y amenaza en el Juzgado de Garantía de Pozo Almonte, acción que se une a la denuncia que se interpuso ante el fiscal adjunto de la zona, el 7 de mayo.
La preocupación se extendió al gobierno, el que no quería que el movimiento se expandiera a otras mineras ni tampoco repetir el escenario que vivió Codelco en julio de 2007, cuando estuvo paralizada por más de 20 días. «Era importante demostrar determinación», dice una autoridad de gobierno que admite que esta es también una señal para otros conflictos similares a futuro.
El ministro de Minería, Laurence Golborne, señaló en la tarde de ayer que «la principal preocupación del gobierno son las personas que están viviendo una situación indeseada» al interior del yacimiento. Ante esto, hizo un llamado para que dejaran bajar de las faenas a las personas que no querían participar del movimiento.
El ingreso de las Fuerzas Especiales a la mina, el lanzamiento de bombas lagrimógenas y la detención de dirigentes provocaron que pasadas las 19 horas los contratistas terminaran con la movilización y permitieran el libre tránsito de los empleados.
La autoridad afirma que actuó en coordinación estrecha con la intendenta de la I Región, Luz Ebensperger, y el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, quien resaltó el respeto de los derechos de los trabajadores, pero también a los derechos de quienes quieren trabajar en paz. «Realizar una toma de una empresa con miles de personas encerradas en un campamento es una conducta que este gobierno no va a tolerar», dijo el secretario de Estado.
Efectos económicos
Según Golborne, la paralización de cuatro días de las faenas tendrá un efecto económico. «Hay efectos en la producción nacional, hay efectos económicos, hay una serie de efectos no deseados», dijo el titular de Minería.
Para la empresa, el cese productivo implicó una merma de ingresos por unos US$ 9 millones diarios y dejar de producir 1.300 toneladas de cobre al día. Collahuasi representa el 10,6% de la producción de cobre nacional y el 3% mundial. La minera señaló que la reanudación de las faenas tomará unos días, ya que tras la evacuación se hará un chequeo de los trabajadores y las instalaciones.
Los contratistas esperan reunirse hoy con la intendenta de Tarapacá para mediar en las conversaciones. El objetivo que buscan es obtener las mejoras en el campamento y el pago de bonos por $ 2,5 millones.
Fuente / La Tercera.