En febrero el gobierno le exigirá a minera Escondida comenzar a pagar el royalty, nuevo cargo establecido el año pasado a las grandes mineras y que la mayor empresa del sector se negó a pagar amparada en disposiciones establecidas en la última reforma legal.
El ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, anunció ayer que el gobierno exigirá el pago a Escondida y que no será enviada una nueva ley aclaratoria que corrija los vacíos del anterior cambio legal, los que fueron reconocidos ayer por primera vez: «Es cierto que la ley no contempló cómo se devolvía a aquel minoritario que tiene invariabilidad. Entonces, nosotros por la vía administrativa lo vamos a devolver, porque Jeco no tiene que pagar, pero los otros dos sí», dijo Eyzaguirre.
Escondida es controlada por BHP (57,5%) y Río Tinto (30%), los que en 2001 renunciaron a la invariabilidad tributaria y así bajaron su tasa impositiva a 35%. La japonesa Jeco, dueña del 10%, no renunció a ese beneficio que garantiza inamovilidad en el pago de tributos, pero que deja la tasa a pagar en 42%, y con ello, creen en Escondida, la firma receptora no debe pagar royalty.
Hacienda interpreta algo muy distinto. Según sus asesores, la protección establecida en los DL 600 es para los inversionistas y no para las empresas receptoras de la inversión: en este caso Escondida. Además, reconocen que vía administrativa Hacienda debe respetar el cobro de un 42% para la japonesa y se está trabajando en una fórmula para ello.
Por de pronto, advierten, el Servicio de Impuestos Internos cobrará desde febrero el Pago Provisional Mensual (PPM), que toda empresa debe pagar a cuenta de la Operación Renta del año siguiente, que finaliza en abril de 2007.
Esa será la ocasión de una nueva disputa. Probablemente Escondida rechace el cobro y derive la discrepancia a los tribunales, donde intentarán hacer valer su opinión.
Mauro Valdés, vicepresidente de asuntos corporativos de BHP Billiton, dijo que Escondida es y seguirá siendo el mayor contribuyente del país y que desde 1991 ha pagado impuestos por US$ 3.000 millones.
En relación con el cobro administrativo, aseguró que «nosotros hemos cumplido la ley.
Lo que dice la nueva ley de impuesto minero (royalty) da la opción correspondiente y si la quieren cobrar administrativamente no veo cómo, porque la ley es clara. Esta dice que las mineras tienen la opción de elegir y Escondida ha ejercido esa opción de acuerdo con la misma ley».
¿Quién tiene la razón?
Axel Buchheister, director del programa legislativo del Instituto Libertad y Desarrollo, dice que «no hay nada que interpretar» y que Escondida está en lo correcto al sostener que no está sujeta al royalty. «Si Hacienda quiere que Escondida tribute, que diseñe una nueva ley que permita hacerlo sin afectar los derechos de los inversionistas extranjeros. Hacerlo por vía administrativa es una manera de no querer reconocer su error», acusa Buchheister.
Además, advierte que esto no sólo abre la opción de un litigio en tribunales, sino incluso de una demanda ante el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) en Washington de parte de los inversionistas extranjeros que controlan Escondida.
La ley de royalty autoriza a cobrar entre 4% y 5% de la renta operacional de las mineras. Sin embargo, se fijó un artículo transitorio que estableció que el tributo no será aplicado a «los inversionistas extranjeros y empresas receptoras» que mantengan contratos del DL 600 y que no hayan renunciado a los derechos contenidos en dos artículos: el 7 y el 11. Esos artículos les permiten mantener inalterables sus tributos en una tasa de 42% y no variar su régimen impositivo. Hacienda cree que ello solo beneficia a Jeco y que no se extiende a Escondida. ¿Argumento?: sólo Jeco cumple con los dos artículos, los otros accionistas no. «Son requisitos copulativos», argumenta un asesor de Hacienda. «Los beneficios son de Jeco y no de Escondida», agrega enfático.
Sobre la opción de una demanda internacional, en Hacienda afirman que no tiene futuro: a Jeco se le respetarán sus derechos y los otros renunciaron a la inviabilidad. «Aquí no hay cambio de derechos», dicen.
Fuente/La Tercera