(La Tercera) Fue descrita como la mayor batería de reformas microeconómicas de la última década. Sin embargo, dos años después de su anuncio, los expertos concuerdan en que el Plan Impulso Competitivo aún no logra plasmar los efectos originalmente previstos.
En un comienzo, la agenda contemplaba 50 medidas, sin embargo, el año pasado el gobierno incorporó 10 medidas adicionales. A la fecha, de ese total, hay 48 implementadas.
La agenda pretendía incentivar el emprendimiento, la innovación, la libre competencia y elevar la productividad.
El ex ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, declaró en ese entonces que la meta del plan diseñado por su cartera consistía en que “hacia fines de este período presidencial el crecimiento del producto potencial esté en torno al 6%”.
“En las últimas mediciones, el producto potencial estaba en torno a 5% anual (…). El último informe del Fondo Monetario Internacional, plantea un producto potencial en torno a 4,6%, lo que significa que no ha habido un cambio”, contrastó Gonzalo Sanhueza, economista y socio de Econsult RS Capital. A su juicio ha faltado una evaluación de impacto por parte del Ejecutivo y acciones como la apertura del cabotaje no han alcanzado los resultados esperados.
Patricio Rojas, de Rojas y Asociados, destacó que se han logrado quitar “algunos lomos de toro”, pero afirmó que el impacto de la agenda se verá recién en el largo plazo. “Hay que evaluar las medidas en su sumatoria, ya que cada una tenía un impacto acotado. Algunas medidas han sido menos efectivas, como el cabotaje aéreo, que ha tenido un impacto bastante menor al que se buscaba con el ingreso de nuevas líneas al mercado”, señaló Rojas.
Para Francisco Klapp, investigador de Libertad y Desarrollo, pese a la estabilidad macroeconómica del país, aún persiste “una deuda en las reformas micro” sobre todo en las relacionadas con aumentos de productividad. Respecto del Plan Impulso Competitivo, coincidió en que cada acción, de manera aislada, tiene consecuencias “prácticamente imperceptibles”, pero valoró que “en su conjunto son la clave para sostener un crecimiento de largo plazo más alto. Por ende, advirtió que “cuantificar el impacto puntual en crecimiento hoy de las medidas de la agenda resulta difícil, pero es esperable que afecten positivamente el nivel de crecimiento sostenible en nuestro país”.
Fontaine por su parte, reconoció que el rezago en los efectos responde a que la agenda se ha implementado con algo de lentitud: “La fase que ha andado mucho más lenta de lo que había previsto es la tramitación parlamentaria y en algunos casos, incluso, la presentación de los proyectos de ley al Congreso, o sea la aprobación de ellos por parte del Ejecutivo (…). Ha habido demora y mientras los proyectos no se transformen en leyes, no pueden surtir efectos”.
Trabas al crecimiento
A juicio de los economistas, las trabas que enfrenta actualmente la economía (y que no fueron consideradas por la agenda) tienen relación principalmente con el costo de la energía y de mano de obra.
“Estas medidas chiquitas, y la suma de todas, no logra compensar la pérdida de competitividad que hemos tenido por el aumento del costo de energía y de mano de obra. Faltan medidas como dar mayor flexibilidad al mercado laboral. Ese es un tema que debió haber sido incluido en estas medidas pro competitividad”, puntualizó Rojas. También precisó que hay otros aspectos de competencia que afectan la competitividad de las empresas más pequeñas, como los costos de transporte, el acceso a tecnología y a mejor capacitación. “Y se puede avanzar mucho en todo, pero si no se avanza en energía, se puede comer todo lo que se ha avanzado en lo otro”, enfatizó.
Klapp añadió que los costos de la energía están dentro de los más altos de América Latina y que el mercado laboral es bastante rígido.
Fuente / La Tercera