Minera Escondida no dio pie atrás en su postura y se rehusó a incluir el impuesto específico a la minería, conocido como royalty, dentro de su declaración del Pago Provisional Mensual (PPM) de enero, para lo cual tenía plazo hasta ayer.
El conflicto que mantienen la minera y el Gobierno se origina en la diferente interpretación que hacen ambas partes de la ley de royalty. Ésta dice que si un inversionista extranjero está exento de pagar royalty por estar acogido a la invariabilidad tributaria del DL 600 -en este caso el socio minoritario Jeco, dueño del 10% de la sociedad-, la empresa receptora del capital también queda exenta.
Eso, según Escondida, beneficia a los otros socios. Pero el Gobierno señala que el espíritu de la ley es que los que no están bajo ese DL pagan el gravamen.
Según el Gobierno, la empresa debía incluir el royalty en su PPM de enero y de no hacerlo se recurriría a cobrarlo administrativamente. Esto, en paralelo con el envío en marzo al Congreso de un proyecto de ley aclaratorio, que especifique como se devolverá el dinero a Jeco.
El Servicio de Impuestos Internos (SII) ahora tiene 30 días para notificar a la empresa de la supuesta falta. Luego, la minera tiene otros 30 días para rectificar su declaración o explicar porqué no incluye lo que el SII pide en la notificación.
Si Escondida opta por la segunda opción, que es lo más probable, el SII iniciará el proceso de liquidación, que consiste en cobrarle a la empresa el pago del impuesto más el reajuste al IPC de la fecha, 1,5% mensual de interés y una multa del 10% de monto del gravamen.
El procedimiento tarda entre cuatro y seis meses, tras lo cual se puede recurrir a los tribunales de justicia, alargando el proceso a cerca de un año.
Fuente / El Mercurio