( Diario de Atacama) Un nuevo capítulo en el polémico proyecto termoeléctrico Castilla se escribió ayer, luego que el diputado radical por el Sexto Distrito, Alberto Robles, llegara hasta la Corte de Apelaciones de Copiapó para interponer un recurso de protección en contra del proyecto, perteneciente al titular OMX Operaciones Marítimas, y que recientemente fue aprobada su construcción por parte de la ex Comisión Regional de Medioambiente (Corema), actual Comisión de Evaluación Ambiental.
Junto a Jovino Contreras, dirigente de Bahía Chasco (localidad que según el parlamentario sería afectada por la instalación del puerto), Robles llegó pasadas las 13 horas de ayer hasta dependencias de la instancia judicial, para entregar el documento mediante el cual se solicita revisar el estudio de impacto ambiental que finalmente aprobó la edificación del proyecto, debido a supuestos actos u omisiones arbitrarias o ilegales en el proceso de calificación ambiental.
Los argumentos
A juicio del parlamentario, «nuestra tesis se basa principalmente en tres elementos, esto es, a nuestro parecer el puerto es parte integral de la termoeléctrica. Esto porque la empresa utilizó una artimaña para dividir ambas iniciativas y así, todo lo que implica Castilla fuera aprobado de manera más fácil (…) Otro argumento es que la llegada de este puerto afecta los intereses de los pescadores del litoral, particularmente aquellos que se dedican a la recolección de algas que utilizan para alimento de la industria de los abalones (…) y en último término, creemos que su llegada provocará un daño irreparable al ecosistema del lugar, además de frenar el desarrollo del turismo en la zona».
La comunidad
En tanto, a juicio de Jovino Contreras, vocero de la comisión de pescadores y habitantes de Bahía Chasco, «somos 60 familias que directamente nos veremos afectadas, pero también creemos que habrá una cantidad incalculable de personas que la pasarán muy mal, porque es una cadena. Nosotros recogemos el alimento de los abalones, pero la industria que vive de la producción de éstos, también será seriamente perjudicada».
El dirigente social añadió que «cuando estas empresas nos compran durante 13 años un producto que se consume directamente en la industria del abalón, el alga que recolectamos tiene que ser lo más pura posible porque el molusco que la consume (el abalón) es enviado al mercado extranjero (…) A nosotros nos han dicho derechamente que dejarán de comprar nuestro alimento».
El objetivo legal
Lorenzo Soto, abogado de la comunidad de Bahía Chasco, explicó que derechamente el objetivo de la acción judicial es que se deje sin efecto la autorización para que se construya la obra portuaria entregada por la ex Corema.
«Estamos planteando que existe una incompatibilidad absoluta entre la actividad pesquera artesanal que practican los pescadores de Bahía Chasco con la actividad portuaria, porque existe una superposición física entre ambas actividades», expresó el abogado.
De acuerdo a lo indicado por la parte opositora al proyecto, pese a que su primer objetivo es que la Corte de Apelaciones acoja el recurso de protección a su favor, esperan que en el corto plazo dicho tribunal decrete la orden de no innovar, resolución que permitirá frenar la construcción del Puerto Castilla hasta que se establezca si procede o no el requerimiento legal.
El segundo recurso
El recurso sería la segunda solicitud de iguales características, esto tras la acción judicial interpuesta el viernes 21 de enero por dirigentes de pescadores, y destinada para anular la autorización ambiental del terminal portuario emitida a fines de diciembre por la ex Comisión Regional de Medioambiente.
A juicio de estos, se habría cometido una ilegalidad al aprobar un proyecto a través de una instancia desaparecida (Corema) a partir del 1 de octubre de 2010, cuando entró en vigencia la nueva institucionalidad ambiental.
Fuente/ Diario de Atacama