(La Nación) Las deudas de la compañía San Esteban, dueña de la mina San José, superan en 682 millones de pesos al patrimonio de la empresa. La información se conoció ayer en la junta de acreedores donde se designó a un experto facilitador para que resuelva la eventual quiebra de la minera.
La reunión se realizó en el 17º Juzgado Civil de Santiago, donde el abogado de la compañía, Jorge Aguilar, detalló el patrimonio de la compañía: 106 pertenencias mineras, equipos y plantas de procesamiento en Tierra Amarilla y Copiapó, todo avaluado en $4.553.530.000.
Sin embargo, el pasivo de la empresa verificado y autorizado por el tribunal es de $5.235.961.322. Principalmente, se trata de una deuda de arrastre originada en 2007, debido al cierre de los yacimientos San José y San Antonio por una seguidilla de graves accidentes laborales.
Los principales acreedores de la compañía son Calderaridge Financial Limited ($2.068.101.030), Empresa Nacional de Minería ($1.106.921.742), E-Mining Operation Sociedad Anónima ($931.268.961), Fisco de Chile ($530.344.795) y Banco Santander (por la suma de $198.333.338).
Luego vienen Shell Chile S.A.C.I. ($154.227.415), Vialidad Copiapó ($112.000.000), DSI – Soprofint Industrial Limitada ($57.747.830), IPS FONASA ($49.465.985) y Metalnorte Ingeniería Limitada ($27.550.226).
A la junta asistieron delegados de estos diez acreedores, que representan el 83,71% de la deuda, y designaron como experto facilitador al ingeniero y consultor Jorge Quiroz Castro (en la foto), quien tendrá un plazo de 30 días para informar si debe declararse o no la quiebra de la empresa.
Al término de la junta, la magistrada Rocío Pérez explicó que al concluir los 30 días, Quiroz debe proponer «un convenio judicial para la continuación del giro de la empresa o solicitar a este tribunal la declaración de la quiebra de la compañía».
Si no cumple el plazo, el tribunal está obligado a declarar la quiebra por sentencia.
Un grupo de trabajadores llegó al tribunal, donde expresaron su temor por la eventual quiebra.
El dirigente Javier Castillo afirmó que «no existe en Chile ningún sindicato de una empresa que se haya ido a quiebra donde los trabajadores hayan sido beneficiados», y llamó al gobierno a cumplir sus compromisos de asistencia.
En el juzgado también se presentó la directora del Trabajo, María Cecilia Sánchez, por instrucciones del Ministerio del Interior, para asegurarse de que los trabajadores reciban sus remuneraciones.
«Las puertas de la Dirección del Trabajo están abiertas para ver si les adeudan las remuneraciones dentro del ámbito de mis competencias».
Dijo que se facilitaron los contactos para la representación legal «adecuada» de los trabajadores.
La minera San Esteban, de propiedad de Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny, es la propietaria del yacimiento San José, donde permanecen 33 mineros atrapados a 700 metros bajo tierra desde el 5 de agosto pasado.
Fuente/ La Nación