(La Tercera)La Fiscalía Regional de Tarapacá allanó y desactivó dispositivos instalados para extraer agua de forma ilegal, en las plantas Negreiros y Cala Cala, ubicadas en las comunas de Huara y Pozo Almonte, respectivamente, y que pertenecen a la minera Cosayach, de propiedad del ex senador Francisco Javier Errázuriz.
La diligencia desarrollada corresponde a la investigación por presunta extracción ilegal de aguas dirigida desde 2010 por la Fiscalía Local de Pozo Almonte, en cuyo contexto ya fueron formalizados los ejecutivos de la empresa Carlos Contreras Quispe y Alejandro Puelles, como imputados del delito de usurpación de aguas.
Según informó el fiscal regional, Manuel Guerra, la orden de entrada, registro e incautación, fue despachada por el Tribunal de Garantía de Pozo Almonte, que estimó pertinente la diligencia planificada, por cuanto la minera no cuenta con el respectivo derecho de aprovechamiento de aguas.
«La finalidad es evitar que este delito se siga ejecutando en el tiempo. Nos parece de gravedad que se extraiga en forma ilegal el agua en una zona saturada como es la Pampa del Tamarugal, donde es de vital importancia para preservar una forma de vida ancestral», dijo Guerra.
El persecutor agregó además que a Fiscalía le interesa que este tipo de acciones no se polonguen en el tiempo y ello responde también a «la responsabilidad que como institución tenemos por el el cuidado al medio ambiente».
Las coordinaciones para desactivar las instalaciones en la minera fueron realizadas junto a la Intendencia de Tarapacá, la Seremi de Medio Ambiente, el Ministerio de Obras Públicas, la Dirección General de Aguas, Policía de Investigaciones y Sernageomin.
El Fiscal jefe de Pozo Almonte, Hardy Torres, por su parte, citará a quienes figuren como miembros del directorio o principales accionistas de Cosayach, así como a los dirigentes sindicales de las plantas para efectos de que en calidad de testigos depongan acerca de quién o quiénes detentan el poder o toman las decisiones relevantes en el funcionamiento de las plantas.
MINISTRO CERTIFICA CLAUSURA DE POZOS
El Ministro de Obras Públicas, Laurence Golborne llegó esta mañana hasta el sector de Cala Cala, en las cercanías de la planta de la empresa minera Cosayach, ubicada en la comuna de Pozo Almonte, para acompañar a las autoridades de la fiscalía regional en el proceso de cierre de los pozos de extracción ilegal de agua que mantenía la faena.
“Esta denuncia ha sido presentada por la Dirección General de Aguas al Ministerio Público, y la orden fue notificada esta mañana por el poder judicial que realizó un procedimiento en terreno. Estamos muy satisfechos de que finalmente nuestra investigación concluya en sanciones concretas de los tribunales. Este es un proceso que lleva dos años, donde se ha identificado a quienes están sacando agua sin tener derecho para que ello ocurra”, explicó el Ministro Golborne.
El Ministro Golborne además anunció que se presentará un proyecto de ley para dotar a la DGA de mayores atribuciones para fiscalizar y sancionar estas prácticas ilegales lo que permitirá acelerar estos procesos: “Tenemos redactado un proyecto de ley, que esperamos enviar al Parlamento con la firma del Presidente Piñera, para darle a la DGA atribuciones que permitan que este tipo de situaciones no se prolonguen por años y puedan ser resueltas en un plazo de semanas. Asimismo, solicitaremos aumentar el presupuesto de la DGA para que puedan destinar más recursos a la fiscalización”.
La autoridad indicó que solicitarán a través de este proyecto, el aumento de las sanciones y penas para estas prácticas: “Hoy la sanción por una captación ilegal de agua puede llegar a $ 400 mil, lo cual pareciera una cifra bastante poco relevante en algunos casos, para la magnitud del agua que se está captando. Con la nueva normativa que vamos a proponer, esta cifra puede llegar a 200 millones en caso de reincidencia, aumentando también las penalidades en el caso de la tipificación penal de estos delitos”, aseguró el Ministro de Obras Públicas.
El operativo que hoy se concreta es producto de una extensa investigación que lleva a cabo la DGA para fiscalizar el mal uso del recurso hídrico por parte de la faena minera y que surge a raíz de diversas denuncias e inspecciones de la autoridad en terreno. Producto de la detección de infracciones al código de aguas, la DGA puso los antecedentes a disposición de la justicia para concluir en las sanciones pertinentes, que hoy se materializan en este operativo de cierre y sellado de los pozos, entre otras diligencias.
«Queremos dar una señal clara sobre estos abusos y velaremos por la adecuada gestión del agua, que es un recurso vital y que debemos asegurar para todos los chilenos», indicó el Ministro.
Fuente/La Tercera