(La Tercera) El litio, uno de los insumos clave para algunas de las tecnologías más innovadoras del siglo XXI -como las baterías para los vehículos híbridos y los aparatos electrónicos de uso masivo-, podría representar para Chile un recurso económico tan relevante como lo ha sido el cobre.
Pero aunque el norte de nuestro país posee las mayores reservas mundiales conocidas de este mineral, la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras excluye al litio de las sustancias minerales que pueden ser objeto de concesiones de exploración y explotación -al igual que los hidrocarburos- restricción que debería ser prontamente derogada para evitar que Chile pierda esta oportunidad competitiva.
En la actualidad, las dos empresas que realizan la extracción de litio en Chile lo hacen mediante un contrato de explotación con el Estado, a través de Corfo, que fija la cantidad de mineral que se puede extraer y por cuánto tiempo, bajo la única fórmula admitida por la ley vigente.
Detrás de esta limitación existen dos argumentos erróneos. El primero tiene que ver con la idea -que cabría suponer ya superada en Chile- según la cual el Estado debe tener un rol insustituible en la explotación de recursos naturales valiosos, ya que esa sería la mejor manera de resguardar su potencial aporte al país, especialmente cuando se estima cuantioso.
La notable y fructífera expansión de la minería nacional, impensable sin la disposición de los privados a invertir en ella y a asumir riesgos con un sistema de concesiones amparadas en el derecho de propiedad, es un ejemplo que ilustra lo contrario (como también lo es, aunque en sentido opuesto, la poca relevancia de la explotación petrolera chilena, a cargo de una empresa estatal).
Más aun, la experiencia ha demostrado una y otra vez -en todos los rubros de la economía y en todos los países- que el sector privado es más eficiente que el estatal en la producción de bienes y servicios, y que su mayor capacidad de generar riqueza beneficia tanto a productores como a consumidores (y por ende a toda la sociedad, vía una mayor recaudación tributaria que el gobierno puede destinar a políticas sociales).
El otro fundamento erróneo que subyace en la limitación que se ha impuesto a la explotación del litio es el que alude a la necesidad de mantener en el Estado el control de la explotación de recursos considerados «estratégicos», bien sea para intentar incidir en su precio o a la espera de una mejor oportunidad de mercado, bien sea porque se pretendería asegurar su uso futuro en industrias potencialmente «sensibles».
Hay evidencia histórica de que los países siempre han errado cuando pretenden determinar el momento oportuno para explotar los recursos, sacrificando el bienestar de la sociedad al limitar o postergar su explotación. Una de las ventajas del mercado como asignador de recursos es que se confía más en la decisión de múltiples agentes económicos sobre lo que es más beneficioso, arriesgando además ellos mismos su capital y no los recursos de todos los ciudadanos, como ocurre en las empresas públicas. Además, el interés de los privados incentiva la exploración de nuevos yacimientos, lo que a su vez aumenta las reservas y las potenciales ganancias generadas por su explotación y comercialización
Cabe llamar la atención respecto de que otros países con significativas reservas de litio, entre ellos vecinos como Argentina y Bolivia, han firmado acuerdos, o estudian hacerlo, con empresas multinacionales interesadas en asegurarse para las próximas décadas un suministro confiable de este insumo cada vez más apreciado.
El hecho de que Chile, además de abundantes reservas de litio, tenga condiciones naturales que disminuyen los costos de su extracción y procesamiento, supone una ventaja comparativa que hace aun más incomprensible que la ley ponga trabas al aprovechamiento de este valioso recurso.
Fuente / La Tercera