(El Mercurio) La Moneda fue el escenario elegido para sellar un proceso de diálogo de tres años entre el Gobierno y representantes de los pueblos originarios para construir en conjunto una fórmula que permita hacer las consultas indígenas que exige el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El objetivo es reemplazar el decreto supremo 124 por una norma consensuada para recoger la opinión de estas comunidades en casos de medidas administrativas o proyectos de ley que puedan impactarlas.
«Es realmente un paso muy trascendente, y que se haya llegado acuerdo en casi todos los artículos es un mérito», recalcó Bruno Baranda, ministro de Desarrollo Social. El diálogo derivó en consensos totales en 16 de los 19 puntos en discusión.
En lo medular, el acuerdo apunta a que cada consulta que se convoque -a raíz de un proyecto de inversión privada, una medida administrativa o un proyecto de ley que afecte a una comunidad indígena- tendrá cinco etapas: planificación del proceso, entrega de información y difusión, deliberación interna de los pueblos indígenas, diálogo con la autoridad respectiva, y un cierre en que se saquen las conclusiones y se comuniquen sus resultados.
La consulta a los pueblos se realizará a través de sus instituciones representativas, determinadas por ellos mismos.
Si se trata de una medida administrativa, el plazo estipulado para el proceso tiene un máximo de 100 días hábiles (20 días por etapa); si se trata de un proyecto de ley, el tiempo puede extenderse hasta los 125 días hábiles (25 por cada fase).
Durante ese período, las comunidades podrán acceder a asesorías financiadas por el Estado para poder defender más sólidamente sus posiciones o para interiorizarse adecuadamente de las problemáticas. «Van a ir con un apoyo suficiente y mínimo para que puedan desarrollar su posición conforme crean oportuno», explica Baranda.
Una etapa relevante del proceso es el diálogo que se propone entre la autoridad involucrada y las comunidades, en la que se busca construir una posición lo más cercana posible respecto de determinadas situaciones: «Queremos que, de muy buena fe, las partes hagan su mejor esfuerzo para llegar a consenso con los pueblos originarios».
Si no se logra un consenso, el proyecto de ley, la iniciativa privada o la medida administrativa en debate, no necesariamente ve frustrado su avance.
¿Pone esta consulta un freno a la judicialización en que se entrampan diversos proyectos de inversión? Jorge Retamal, director de la Conadi, es cauto: «Todos los proyectos de inversión van a tener un proceso de consulta. Lo que se establece en el convenio 169 es que haya un diálogo de ambas partes y que se haga el máximo del esfuerzo por lograr un acuerdo», lo que no excluye la posibilidad para acudir a la vía judicial en caso de que no se logre. No obstante, con el nuevo reglamento, las autoridades prevén que habrá menos casos en tribunales, a raíz del mayor diálogo que se propone.
Los tres puntos en que no hubo pleno acuerdo tienen que ver con la cantidad de temas específicos a consultar y la ocasión en la cual se debe convocar una consulta. «En esos aspectos tenemos acuerdos parciales y la voluntad de seguir acercando posiciones», explicó Baranda.
Fuente / El Mercurio