Para evitar conflictos con las comunidades, el Consejo Minero decidió entrar a la discusión sobre el destino del impuesto. Cree que un porcentaje debe ser invertido en garantizar la utilización eficiente del agua en las regiones mineras.
El uso y disponibilidad de agua en el norte del país se ha vuelto un problema tan complejo o más, que enfrentar la crisis energética para la gran minería chilena. Y ante este problema, las 17 grandes empresas agrupadas en el Consejo Minero decidieron entrar de lleno a una discusión de la que se habían marginado: el uso y destino de los casi US$ 580 millones tributados en 2006 por el impuesto específico a la actividad, más conocido como royalty.
Según el presidente de la entidad, Francisco Costabal, esos dineros se podrían utilizar para financiar estudios globales que permitan tener una mayor información sobre la disponibilidad del agua.
En la cita, a la que asistieron también la ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte; el titular de Obras Públicas, Eduardo Bitran; el director general de aguas, Rodrigo Weisner, y representantes de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) y el Consejo Minero, se acordó la creación de mesas regionales en que se aborde la disponibilidad y uso del recurso hídrico en el norte del país, de modo que cada zona pueda desarrollar de forma independiente una agenda considerando su propia realidad.
“Somos parte del problema, pero también queremos ser parte de las soluciones y que éstas beneficien no sólo a la minería, sino que a todas las actividades productivas de la zona, como la agricultura, el turismo y el uso del agua potable”, dijo Javier Cox, gerente general del Consejo Minero.
Conocedores del encuentro señalaron que Poniachik será la encargada de transmitir la propuesta de las mineras al consejo de ministros. Mientras, las firmas abrigan la esperanza de que la apertura mostrada por las autoridades a revisar el destino del impuesto llegue a buen término. Si nada de eso sucede en forma rápida, la Sonami y el Consejo se comprometieron en preguntar a sus asociados si desean entregar recursos para un fondo público-privado que financie el diagnóstico y las soluciones.
Fuente / El Mercurio, Diario Financiero