(Cámara de Diputados) Los diputados definieron como principales responsables del derrumbe a los dueños de la mina San José y al Sernageomin. Entre las propuestas, aconsejan crear un Fondo de Seguridad Minera; aumento de multas; sanción penal para los infractores y establecimiento de una Superintendecia que fiscalice el rubro.
Tras cinco meses de trabajo, la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, convertida en Investigadora sobre Faenas Mineras a raíz del derrumbe de la mina San José, en Atacama, concluyó hoy su labor concordando un informe único, ratificado en sus diversos alcances por todos los sectores políticos.
Los diputados se manifestaron muy conformes con el resultado, destacando el arduo trabajo realizado desde el 17 de agosto de 2010, escuchando los testimonios de los principales involucrados en el accidente, así como de expertos del sector minero que ilustraron la realidad del sector, con sus problemas y deficiencias.
El Presidente de la Comisión, diputado Alejandro García-Huidobro (UDI), sostuvo que las propuestas van en el sentido de lo que el país está esperando, esto es, pedir que se priorice en cualquier faena el derecho a la vida y a la salud de los trabajadores y entender que este tipo de operaciones económicas no pueden pasar por encima de la seguridad de las personas.
“En ese sentido, la Comisión está haciendo propuestas bastantes concretas que se las vamos a presentar a la Presidenta de la Cámara (diputada Alejandra Sepúlveda) y creo que es muy importante que toda la Comisión se lo entregue al Presidente de la República”, indicó.
Para el diputado Lautaro Carmona (PC), el trabajo se realizó con una transversalidad muy grande para concordar criterios respecto de quienes fueron responsables del accidente, así como en muchas de las conclusiones expresadas. Sostuvo que las sugerencias propuestas buscan dar garantías a los trabajadores que su necesidad de tener ingresos a través de un trabajo en minería, no significará poner en alto riesgo sus vidas.
El diputado Felipe Harboe (PPD) coincidió con sus pares, valorando el esfuerzo de los legisladores por mantener en perspectiva siempre el mandato de la Sala. “Después de un arduo trabajo hemos llegado a conclusiones muy importantes que dan cuenta del trabajo serio que se realizó en la Comisión”, sentenció.
En la misma línea, el diputado Carlos Vilches (UDI) destacó el muy buen ánimo del grupo parlamentario para llegar a consensos respecto de las conclusiones plasmadas en el informe único que será entregado mañana a la Sala de la Cámara, el cual contemplará tres principales capítulos: la consignación de los hechos, la asignación de las responsabilidades y las propuestas.
Responsabilidades
Los legisladores informaron que fueron definidos como principales responsables del accidente los empresarios Marcelo Kemeny y Alejandro Bohn, dueños de la mina San José. “Es la síntesis de las denuncias consecutivas de quienes asistieron a la Comisión, incluyendo la última delegación de cinco de los 33 mineros”, precisó Carmona. “Hay una gran responsabilidad de los dueños de la empresa San Esteban, por la forma en que llevaron adelante este proyecto sin escatimar en todos los riesgos que esto significó”, agregó Vilches.
El diputado Harboe, junto con detallar que los antecedentes sobre el actuar negligente de los empresarios serán entregados al fiscal del Ministerio Público, informó que la responsabilidad política recayó en el personal del Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), tanto desde una perspectiva administrativa, por la comisión de una serie de errores en la dictación de autorizaciones, como fiscalizadora.
Junto con el diputado García-Huidobro, dijo que también se asignan responsabilidades menores al Servicio de Salud de Atacama y a la Dirección del Trabajo. El primero, por haber autorizado la reapertura de la mina San José el 31 de julio (después del accidente de Gino Cortez), sin contar con el informe geotécnico necesario; y la segunda, por no verificar el cumplimiento de las exigencias establecidas en materia laboral.
Propuestas
Dentro de las propuestas acordadas por la Comisión se considera una profunda transformación del SERNAGEOMIN. Se sugiere su división en dos servicios y el establecimiento de su sede central en una zona minera.
Adicionalmente, se plantea subir a rango legal las materias de seguridad y la creación de una superintendencia encargada de fiscalizar el cumplimiento estricto de la normativa y de asignar las atribuciones, además de coordinar las funciones de los tres organismos involucrados en el cierre o reaperturas de faenas mineras, esto es, del Sernageomin, de los Servicios de Salud y de la Dirección del Trabajo.
La Comisión también propuso trasparentar el historial de las empresas mineras; empoderar a los comités paritarios (se sugiere bajar de 25 a diez el número de trabajadores requeridos) y se plantea disminuir de cien a cincuenta la cantidad de trabajadores de una mina, para que ésta cuente obligadamente con un previsionista de riesgo.
En materia de incentivos, se considera la creación de un Fondo de Seguridad Minera, sustentado con recursos del estado, que beneficiaría principalmente a los pequeños productores. En cuanto a desincentivos, se establece un sistema de multas y de responsabilidad penal para quienes cometan infracciones, como podría ser ocultar información sobre accidentes laborales.
Fuente/Cámara de Diputados