Tras ser aprobado en particular en la Comisión de Minería y Energía del Senado, el proyecto de ley que simplifica el régimen de patentes mineras dio un nuevo paso en su tramitación legislativa en el Congreso, siendo despachado a la Comisión de Hacienda para continuar con su discusión previo a ser votado en la Sala de la Cámara Alta.
De esta manera, las indicaciones ingresadas por el Ejecutivo – luego del trabajo de una mesa técnica conformada por asesores legislativos y del Ministerio de Minería – fueron aprobadas, por unanimidad y en su totalidad, salvo aquella que buscaba suprimir la obligación del Servicio Nacional de Geología y Minería de entregar información anual respecto al régimen de concesiones acogidas a la patente rebajada.
Las modificaciones propuestas por el Gobierno – con el objetivo de fortalecer y brindar certeza jurídica al desarrollo productivo de la pequeña minería –, se concentran en cuatro grandes áreas: reforzar el régimen especial para el sector; realizar adecuaciones regulatorias que contribuyan a un mejor funcionamiento de las normas en la práctica; modernizar el sistema de remates de concesiones morosas; y finalmente, establecer normas transitorias que permitan implementar los cambios de manera gradual y ordenada.
El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, destacó que “el impacto de este proyecto de ley para el sector minero se traduce en mayor certeza jurídica para los titulares; reglas más claras y mayor previsibilidad en la toma de decisiones; menores cargas y complejidad regulatoria, suprimiendo trámites y obligaciones que no sean indispensables para que el sistema funcione adecuadamente; mejor focalización de los beneficios a la pequeña minería; y mayor eficiencia en el remate de concesiones con procedimientos más rápidos, claros y capaces de movilizar efectivamente la propiedad minera”.
Para el subsecretario de Minería, Álvaro González, “la lógica de fondo es bastante sencilla: queremos un sistema que entregue certeza al titular, que no le imponga cargas innecesarias y que, al mismo tiempo, permita que el Estado administre de manera más eficiente la propiedad minera”.