Chile necesita más y mejores inversiones. Factores como la baja en el precio del cobre, la incertidumbre en el sistema de permisos de los proyectos y los conflictos socioambientales han sido determinantes en explicar la caída que experimentó la inversión.
Alianza Valor Minero elaboró dos propuestas que abordan estos temas: la creación de la Oficina de Coordinación de Inversiones y la Institucionalidad de Diálogo Territorial. Ambas otorgan certezas a los inversionistas y ciudadanos, condición indispensable para que se desarrollen los proyectos de inversión en armonía con el territorio donde se emplazan.
Las iniciativas, en cuyo trabajo participaron múltiples actores, empresariales, sindicales, sociales, académicos y ambientales, fueron presentadas y adoptadas por todas las candidaturas presidenciales del último proceso electoral.
El actual gobierno ya adoptó la propuesta de coordinación de inversiones, la cual se concretó en la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentable, que impulsa el Ministerio de Economía. Sin embargo, esta nueva oficina necesita de su contraparte ciudadana: la de Diálogo Territorial, la cual podría abordarse en el marco de la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) que impulsa el Ministerio del Medio Ambiente.
Si la Oficina de Coordinación de Inversiones busca dar certeza a los inversionistas en cuanto a una evaluación oportuna y efectiva, la Institucionalidad de Diálogo Territorial tiene por objeto asegurar la inserción sostenible –en términos económicos, sociales y ambientales– de los proyectos de inversión en los territorios. Para tal efecto, genera un mecanismo de participación: la mesa de diálogo entre la comunidad, la empresa, el gobierno local y los servicios públicos. Ésta inicia su diálogo previo a la Evaluación de Impacto Ambiental, en el que se asegura una participación inclusiva y simétrica entre las partes. En esta etapa se acuerdan los deberes y derechos de los participantes en el proceso de diálogo, se definen aspectos a ser considerados en el EIA y se acuerdan los mecanismos de beneficio compartido. Para fundamentar este diálogo temprano se contempla la realización de un Análisis Estratégico de Sostenibilidad, cuya metodología también elabora Alianza Valor Minero. Todo ello, además, cumple con la sugerencia realizada por la comisión presidencial revisora del SEIA, de contar con diálogo temprano para los proyectos estratégicos.
Posteriormente, el sistema de diálogo se articula con la Consulta Indígena –cuando corresponde– y con la Evaluación de Impacto Ambiental, marco en que se identifican las medidas de mitigación y las compensaciones ambientales. Esta etapa del proceso es acompañada por un sistema de resolución de controversias, que busca reducir la judicialización de los proyectos.
A partir de ello “la mesa†monitorea y evalúa el plan de ejecución de los acuerdos de beneficio compartido para el desarrollo territorial, asegurando el cumplimiento de los compromisos asumidos entre las partes.
La iniciativa propuesta contempla, además, una gobernanza multiactor de la institucionalidad de diálogo, un fondo público que financia las acciones requeridas para asegurar una participación informada, inclusiva y simétrica entre las partes, y un sistema de acreditación que vela por la calidad de los profesionales que apoyan este proceso.
El accionar simultáneo de estas dos iniciativas da certezas a todos los actores que los proyectos de inversión que cumplan con la normativa ambiental se realizarán, ya que aportarán al crecimiento inclusivo y sostenible del país y, por sobre todo, del territorio donde se emplazan.