Chile es extraordinariamente dependiente de la producción y precio del cobre, y dada la gran cantidad de recursos existentes y el alto potencial geológico de los distintos distritos, todo sugiere que el cobre seguirá siendo uno de los principales pilares del desarrollo del país.
En las recientes elecciones la ciudadanía habló fuerte y claro: queremos una mejor calidad de vida, igualdad de oportunidades y participación. Cerrar las brechas de ingreso y riqueza que caracterizan a la sociedad chilena tomará su tiempo y la gente lo sabe, pero espera que el Gobierno, los parlamentarios, los partidos políticos, las autoridades en general, avancen decididamente hacia el cumplimiento de sus compromisos. La gratuidad, los cambios en el CAE, la modernización de la salud, el pago de la deuda hospitalaria, la vergüenza del Sename, el hacinamiento de las cárceles, la erradicación de los campamentos, la lucha contra la droga, la inseguridad ciudadana, la deuda con los pueblos originarios, el abuso de las pensiones, son algunos de los problemas sociales que deberá enfrentar el país en los próximos tiempos.
En su conjunto, estas medidas suman compromisos de gasto que, en el mediano plazo, superan con creces las estimaciones de todos los equipos programáticos.
La presión por mayor gasto público será difícil de contener, por lo que habrá que buscar nuevas alternativas de financiamiento de mediano plazo. En una economía pequeña y rica en recursos naturales, lo lógico es que éste provenga de las utilidades extraordinarias que genere la explotación de dichos recursos. Ello puede lograrse si aquellos sectores o empresas que generan rentas económicas comparten con el Estado parte de las mismas (50%).
[Si junto con aprobarse la sobretasa para todos, se eliminara el impuesto especial a la minería, todas las grandes empresas –mineras y no mineras– quedarían afectas al mismo tratamiento en materia de impuesto a la renta.]
Existen rentas económicas cuando las empresas generan, en forma habitual, márgenes operacionales superiores a los que obtendrían si operaran en un mercado competitivo. Es, por tanto, razonable que el concesionario del recurso que genera la renta comparta parte de la misma con el dueño del recurso, el Estado de Chile.
El precio del cobre se ha recuperado y se ha afirmado por sobre los US$3,0 la libra. A manera de referencia, en 2008 y 2009, con un precio promedio cercano a los US$3,5, los productores privados agrupados en el Consejo Minero reportaron utilidades antes de impuestos de alrededor de US$12.000 millones cada año. En esos dos años repartieron dividendos por casi US$17.000 millones.
La renta podría asumir la forma de una sobretasa a pagarse cuando las utilidades operacionales superen, por ejemplo el 30%. Podría incorporarse al régimen general del impuesto de primera categoría y aplicarse a la grandes empresas, independiente del sector de la economía en que operen. Si junto con aprobarse la sobretasa para todos, se eliminara el impuesto especial a la minería, todas las grandes empresas –mineras y no mineras– quedarían afectas al mismo tratamiento en materia de impuesto a la renta.
La sobretasa para todos permitiría captar también parte de la renta económica que se genera en: la minería no metálica (salitre, litio); otros recursos naturales (pesca industrial); servicios no o mal regulados (Isapres, AFP’s, banca, servicios de utilidad pública).
Las economías ricas en recursos naturales son generadoras de rentas económicas y su apropiación es materia de debate, en particular con la inversión extranjera. Por ello es importante que todos los contribuyentes estén afectos al mismo trato. La reforma tributaria que impulsó el Gobierno saliente fue un fracaso. Esto abre la oportunidad de lograr un acuerdo nacional para diseñar una gran reforma que asegure equidad horizontal y vertical, termine con todo tipo de franquicias y garantice una recaudación que haga posible el cumplimiento de los compromisos ya anotados.