La gestión de los relaves mineros atraviesa un momento crucial en Chile.
Finalizado el proceso de consulta para modificar el “Reglamento para la aprobación de diseño, construcción, operación y cierre de los depósitos de relavesâ€, es hora de evaluar los avances y también los vacíos con que quedaría esta importante reglamentación.
La gestión sustentable de los relaves constituye probablemente uno de los mayores desafíos de la minería actual. Los desastres humanos y ambientales ocurridos durante los últimos años por fallas estructurales de presas de relaves en Brasil y en otros países, han levantado las alarmas y la preocupación de las comunidades aledañas a estos depósitos, como también de las autoridades y de las mismas empresas mineras.
En Chile, según las últimas cifras de Sernaogeomin, existen 128 relaves activos, que deberán someterse a este cambio reglamentario.
Esta realidad es fuente de creciente inquietud y rechazo por parte de la opinión pública hacia el desarrollo de proyectos mineros. En este contexto, el Programa de Naciones Unidas para el medio Ambiente en conjunto con el Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM) y la organización Principios para la Inversión Responsable, dieron a conocer en 2020 el Estándar Global de Gestión de Relaves para la Industria Minera (GISTM), que muchas de las grandes compañías mineras ya han comenzado a implementar.
Las empresas han podido responder rápidamente a las diferentes exigencias relacionadas con los aspectos técnicos y, en menor medida, a los modelos de gobernanza propuestos por este estándar, dos aspectos que recoge mayoritariamente este anteproyecto.
Sin embargo, nos llama la atención la ausencia de aspectos muy importantes en esta propuesta de nueva normativa.
En primer lugar, la gestión de la estabilidad química de estos depósitos, que si bien lo supervisa el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), no es explícita en la nueva regulación, como sí lo promueve claramente el parámetro que establece GISTM.
Este tema tiene un impacto directo sobre la calidad de las aguas superficiales y subterráneas. Es un hecho público y reconocido la existencia de las llamadas plumas de contaminación por sulfato y por metales disueltos, producto de infiltraciones de agua desde los depósitos. Las empresas lo han enfrentado instalando barreras hidráulicas, sin embargo, esta mejora abre un nuevo flanco de preocupación para el futuro cierre de estos depósitos: la obligación de continuar operando estos sistemas de control, en algunos casos prácticamente a perpetuidad, especialmente por su potencial de generación de drenaje ácido, presente en la mayoría de los relaves.
La etapa de cierre de los depósitos es otra ausencia en este anteproyecto. Actualmente, existe una ley de cierre de faenas mineras que obliga a las empresas a presentar un plan con las medidas que aseguren la estabilidad física y química de las instalaciones remanentes. Sin embargo, no se aborda el cierre de manera integrada con las otras etapas del depósito de relave, como lo establece el GISTM.
El desafío es orientar el diseño de los depósitos de relaves para facilitar su futuro cierre y una transición hacía un nuevo uso del territorio, asegurando su estabilidad a largo plazo, así como la salud y seguridad de las personas.
Lo anterior significa incorporar los aspectos sociales como un factor preponderante, en torno al cual se debiesen articular los otros componentes de una gestión integrada de relaves.
Esto no ocurre en la propuesta de nuevo reglamento y nos llama mucho la atención.
En base a nuestra experiencia en la implementación de GISTM, la función de desempeño social debiera permear a toda la organización. Se trata de cambiar el paradigma de un enfoque reactivo a uno proactivo, que se haga cargo de las personas potencialmente afectadas, garantizando su participación significativa durante todo el ciclo de vida de la instalación de relaves, desde la creación de una base de conocimientos hasta la toma de decisiones en los ámbitos que pudieran afectar la seguridad pública. Sólo así, integrando la gestión técnica con la participación comunitaria, la transparencia y los derechos humanos, se podrá restablecer la confianza pública y promover prácticas sostenibles.