El lunes 25 y el martes 26 de marzo pasado fueron días de noticias en relación a la Estrategia Nacional del Litio anunciada por el Gobierno del Presidente Boric en abril de 2023.
En el primero de ellos, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático aprobó iniciar la creación de una red de salares protegidos, con una propuesta inicial que, incluyendo a todos los salares que actualmente son parques nacionales, reservas nacionales y monumentos naturales, agrega 27 lagunas y salares pre y alltonadinos, entre los que se encuentran áreas parciales en los salares de Atacama, Maricunga y Pedernales, aún desconocidos. En el segundo, el Comité de Litio y Salares dio a conocer la forma en que se materializará la participación del Estado y de los privados en el desarrollo de la industria del litio. Es así como se caracterizaron los salares y lagunas con potencial de litio, entre salares protegidos, estratégicos y aquellos en los cuales los privados tendrán un rol protagónico.
Los protegidos son aquellos informados el lunes 25 por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático; los estratégicos, es decir, aquellos en los cuales el Estado, a través de Codelco, tendrá una participación mayoritaria en alianzas público-privadas, son el Salar de Atacama y el Salar de Maricunga. En este último ya se ha otorgado un CEOL a una filial de Codelco, en actual proceso de modificación.
Se crea además un grupo de salares en los cuales podrán existir desarrollos mediante alianzas público-privadas lideradas por Codelco en el salar de Pedernales, y Enami en los salares Altoandinos (Grande, Infieles, La Isla y Aguilar), existiendo flexibilidad para acordar las estructuras de participación de socios privados.
Por último, se establece una categoría de salares –en total 26– en los cuales el Estado otorgará contratos especiales de operación de litio (CEOL), para lo cual se llamará en el corto plazo –durante este mes de abril– a un proceso abierto, público y transparente de presentaciones de interés por parte de los inversionistas privados, para desarrollar uno o más proyectos para explorar y/o explotar yacimientos de litio. La información obtenida en este proceso será utilizada por el Ministerio de Minería para diseñar licitaciones u otro mecanismo que resulte adecuado para la celebración de los CEOL y definir yacimientos prioritarios para ello. Se señala que estos procesos se llevarán a cabo priorizando una explotación ambientalmente sostenible, respetando las obligaciones en materia de consulta indígena que establece el Convenio OIT 169 y las Áreas Protegidas del Estado.
SI bien estos anuncios representan un avance en la implementación de la Estrategia Nacional del Litio, surgen varias interrogantes.
Por de pronto: ¿cuándo se conocerán aquellas áreas de los salares de Atacama, Maricunga y Pedernales que quedarán protegidas? La respuesta no es baladí, ya que existen al menos dos alternativas de desarrollo distintas a las que hoy explotan Albemarle y SQM en el Salar de Atacama. De igual forma se conoce al menos un proyecto adicional al de Codelco, incluido Salar Blanco, en el de Maricunga. ¿Podrán desarrollarse tales proyectos adicionales?
Segunda interrogante: ¿cómo se relacionarán aquellos contratistas de CEOL con los titulares de concesiones mineras constituidas post 1979 en la gran mayoría de los salares en los que se llamará a la presentación de interés por parte de inversionistas privados? Sólo a modo de ejemplo, si no existe acuerdo entre el titular de un CEOL y concesionarios mineros, el titular del CEOL puede que no logre ingresar a hacer trabajos en el salar respectivo. Y en tal caso, ¿será el Estado el responsable de solucionar dicha situación de impasse frente al inversionista privado? En una entrevista reciente, el vicepresidente ejecutivo de Corfo señaló que en el caso del Salar de Maricunga la solución para Codelco había sido la compra del proyecto Salar Blanco, lo que no nos parece una alternativa que permita un desarrollo en plazos y costos razonables de distintos salares. La solución a tales problemas la debe entregar el Estado y es parte de los derechos que otorga a sus contratistas en los CEOL, para lo cual sólo basta mirar el ejemplo de los contratos de operación de hidrocarburos. Este problema podría retrasar en forma significativa el desarrollo de nuevos proyectos.
Otra pregunta que se presenta es: ¿cuál será el mecanismo “adecuado” para la celebración de contratos especiales de operación de litio si no es la licitación pública, abierta y transparente? ¿Será la de selección por la autoridad sin licitación? Los ejemplos de procesos con margen de “opacidad” son numerosos y no nos parecen una buena solución dada la importancia de esta materia.
Finalmente, ¿cuánto tomarán los procesos de consultas indígenas que habrá que realizar previo a la asignación de CEOL?
Basados en las dudas antes señaladas, es posible que lleguemos al término de este gobierno sin haber dado una respuesta eficiente al lamentable retraso que ha tenido en Chile el desarrollo de la industria del litio, a excepción de las operaciones de Albemarle y SQM, cuyos beneficios para el país se lograron gracias a las recomendaciones de la Política Nacional del Litio de 2015. Y con el cambio de gobierno y posiblemente de su línea programática, volveremos a la discusión acerca de cuál es la mejor alternativa país, cuya respuesta, dada la lentitud y poca eficiencia, será la libertad de aprovechamiento del litio, al igual que los demás metales.
Recordemos: en noviembre de 1979 se declaró la reserva estatal del litio ¡y hasta hoy no existe explotación de litio reservado para el Estado!
De una vez por todas, convengamos en una política país para el litio, en lugar de que cada sector intente imponer su propia visión de desarrollo, lo que ha sido un lamentable ejemplo de escaso desarrollo.