A diferencia de lo que desgraciadamente ha ocurrido en diversas actividades, las últimas proyecciones indican que la minería nacional podrá sostener en 2020 cifras similares a las de 2019. Una buena noticia en el actual escenario de emergencia sanitaria, dada la relevancia económica que esta actividad representa para el país.
Lo señalado muestra la fortaleza del sector minero para enfrentar situaciones complejas, evidenciando que cuenta con prácticas consolidadas que protegen la seguridad y salud de los trabajadores, así como capacidad de respuesta para adecuar temporalmente las operaciones a dotaciones de personal reducidas.
Como la minería es una actividad que se planifica para el largo plazo, lo sucedido no ha significado dejar de lado la mirada para enfrentar los desafíos del futuro. En este sentido, es importante y relevante el avance que tiene el trabajo que se está realizando para consensuar la Política Nacional Minera 2050 que impulsa el Ministerio de Minería, cuyo objetivo es proyectar una gran, mediana y pequeña minería que sea económica, ambiental y socialmente sustentable.
[Diversas organizaciones internacionales han incorporado directrices que apuntan a que las empresas cuenten con licencia social para operar, como parte de sus requerimientos para otorgar financiamiento.]
Al proyectar la minería al año 2050, necesariamente el logro de objetivos deberá estar apoyado en el descubrimiento de nuevos yacimientos. Chile ha sido tradicionalmente un destino favorito a nivel mundial para la exploración minera no ferrosa, pero esto no asegura que siempre seguirá así. El potencial geológico minero en nuestro territorio es sin duda un incentivo importante para la exploración minera, pero también lo es la estabilidad política y las medidas que permitan atraer mayor inversión hacia esta actividad.
Junto con lo anterior, y no obstante que la demanda por productos que tienen su origen en la minería ha sido siempre creciente, la validación o licencia social de la industria será un tema central para continuar operando, para lo cual la gestión de las empresas deberá atender con igual atención las expectativas de todas las partes interesadas, desde reguladores hasta consumidores, alcanzando y manteniendo con todas ellas diálogos transparentes y constructivos para prevenir conflictos y sustentar relaciones de confianza en el largo plazo.
En esta misma línea, diversas organizaciones internacionales han incorporado directrices que apuntan a que las empresas cuenten con licencia social para operar, como parte de sus requerimientos para otorgar financiamiento.
En este escenario, también es importante que el sector minero nacional cuente con reglas claras que incentiven la actividad. En el último tiempo se ha constatado casos en los cuales los criterios técnicos de aprobación ambiental de proyectos han sido sobrepasados por consideraciones de otra índole, desalentando nuevas inversiones. Por lo tanto, en la medida que se logre un sano equilibrio entre las normativas que regulan y fomentan esta actividad, mayor oportunidad habrá para que la minería continúe siendo un pilar fundamental para el desarrollo económico y social de la nación.