En los años ’90, Chile era conocido como el ‘Jaguar de América Latina’ por su destacable crecimiento económico, jugando con comparar a nuestro país con los tigres asiáticos: Taiwán, Corea del Sur, Hong Kong y Singapur.
Sin embargo, poco queda ya de ese país con energía, que era un ejemplo para la región sobre cómo apoyar el desarrollo de proyectos de inversión. Nos fuimos entrampando en la llamada ‘permisología’, lo que no es sino un eufemismo para referirse a la maraña burocrática en que hemos caído como país, donde para realizar cualquier actividad económica es necesario lidiar con decenas (y, a veces, cientos) de permisos administrativos. Cada vez va aumentando la cantidad de autorizaciones que deben obtener los particulares de las diferentes autoridades, servicios, direcciones u otras entidades gubernamentales, las cuales, a su vez, también van cambiando el criterio aplicable, de forma de exigir el cumplimiento de mayores y más complejos requisitos. Esto alarga al infinito los tiempos de tramitación de los proyectos e, incluso más complejo, afecta directamente la confianza de los inversionistas y la mínima certeza jurídica indispensable.
El diagnóstico está claro y es transversal: nos estamos ahogando en el pantano de los permisos regulatorios. En palabras del propio Presidente Boric, se ha llegado a un “nivel de irracionalidad e incoherencia que no tiene sentido”.
Como solución, se presentó un proyecto de ley marco de autorizaciones sectoriales, buscando agilizar el otorgamiento de las autorizaciones necesarias para llevar adelante proyectos de inversión. La meta del Gobierno sería reducir del orden de un 30% los tiempos totales de tramitación, a través del reemplazo de ciertos permisos por declaraciones juradas respecto de proyectos de bajo riesgo y la creación de una ventanilla única digital para la solicitud de permisos, donde se pueda revisar el estado del proceso, entre otras medidas.
Sin embargo, tan loable iniciativa cayó en otro pantano, esta vez, el Congreso Nacional. El proyecto de ley, que partió como jaguar, ha ido cayendo lentamente en el letargo legislativo, donde las cosas entran, pero nunca se sabe cuándo ni cómo saldrán.
Esperamos que el Gobierno no olvide la urgencia con que el país necesita impulsar y reactivar los proyectos de inversión, para lo cual es indispensable devolver la sensatez a la tramitación de los permisos regulatorios, antes que terminemos de hundirnos en la modorra de un gato de chalet.