El inicio de un nuevo año es propicio para poner en nuestra mente y corazones los mejores deseos para este nuevo ciclo que, por supuesto, incluye aquellos que facilitan nuestro desarrollo personal, profesional y del país en que vivimos.
Aprovecho esta oportunidad para expresar que uno de mis mayores anhelos es que este año recuperemos nuestra institucionalidad ambiental. Para lograrlo se requieren algunas condiciones que no dependen de nosotros, sino más bien de los Poderes del Estado.
Este año tendremos nuevas autoridades. Lo anterior me recuerda que a poco andar del ciclo que termina fue el Poder Ejecutivo quien “sacó el piso” al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) con el proyecto Barrancones. Desde entonces, la institucionalidad ha sido errática, los funcionarios con un comportamiento temeroso, la sociedad civil con crecientes niveles de desconfianza, y los titulares de proyectos exigiendo certezas y confiabilidad.
Las autoridades que tomarán la conducción del país en marzo tienen la posibilidad y el deber de acrecentar la confianza en la institucionalidad ambiental. Para ello, una correcta aplicación del nuevo reglamento del SEIA orientado a disminuir los impactos ambientales y acrecentar el patrimonio natural, hará que tenga sentido un instrumento como Este.
Fue un desperdicio que el Gobierno saliente desaprovechara la oportunidad que tuvo, cuando en enero de 2010 se hacía realidad contar con un Ministerio de Medio Ambiente. Había sido un anhelo de muchas personas a quienes nos interesa el tema, y que entendíamos la necesidad de contar con una autoridad fuerte e informada que tendría, entre sus funciones, la responsabilidad de aprobar los proyectos de inversión.
Sin embargo, aún es tiempo de construir una política ambiental que dé respuesta a los desafíos del mañana. Para alcanzarlo se requieren funcionarios públicos ecuánimes, tomadores de decisión que actúen mirando al país, sin ser influenciados por las acciones del lobby. Lo que interesa son los aportes para una adecuada decisión ambiental. Esto es, que los proyectos internalicen los costos ambientales con medidas adecuadas de compensación y mitigación.
Otro de mis mejores deseos es que los tribunales de justicia se dediquen a impartirla. ¿Cómo puede un tribunal decidir si un proyecto es factible desde el punto de vista ambiental? ¡Teniendo las reglas claras! Son los espacios de discrecionalidad los que hacen que las instituciones fallen en su labor. Porque siempre habrá alguien que, por diferentes intereses, ocupe esos espacios y genere situaciones de desconcierto y caminos sin salida.
Este es el año en que las empresas mineras deben presentar al Sernageomin sus planes de cierre valorizados. También deberán incorporar el componente ambiental, mediante un análisis de riesgo sobre las instalaciones que quedarán remanentes. Esperemos que durante 2014 se despejen algunas dudas que aún persisten, y otro de mis anhelos es que sepamos claramente cómo se administrarán las garantías financieras y los fondos post-cierre; si la banca chilena está preparada para poner en el mercado los instrumentos financieros; si los cierres simplificados cumplirán su objetivo (y si serán simples).
Con una institucionalidad fuerte y sana no debería ser difícil modificar una norma cuando se requiere claridad. De nuevo, a mi juicio, es un tema de voluntad política.