La obtención de permisos ambientales en Chile se ha convertido en un arduo proceso que, en muchos casos, obstaculiza el desarrollo de proyectos mineros en el país. La situación es un tema de preocupación tanto para las empresas mineras como para el Gobierno, que busca reformar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) para abordar estos desafíos.
El Gobierno del actual Presidente Gabriel Boric, a través del Ministerio de Medioambiente, ha planteado la necesidad de reformar el SEIA para hacerlo más técnico y menos politizado, tratando de dar una respuesta a las demandas de los sectores industriales que buscan promover el desarrollo productivo en Chile. La revisión de los plazos y la agilización del proceso de permisos, también están en la agenda de cambios propuestos.
Debemos destacar que ha habido un aumento en la complejidad de la permisología en Chile, transformándose en un proceso largo y muchas veces incierto por causa del aumento de exigencias y vuelcos en los criterios de evaluación por parte de las autoridades. Esto, se ha traducido en demoras no justificadas técnicamente y disminución en la certeza jurídica lo que, por supuesto, afecta significativamente al desarrollo de los proyectos de inversión minera en el país.
Un punto de preocupación es la participación de un comité de ministros en la evaluación de proyectos ya que estos, eventualmente, se podrían ver afectados por decisiones influenciadas por intereses políticos y no técnicos.
Otro punto importante a destacar es la excesiva cantidad de permisos requeridos para el desarrollo de un proyecto minero, que sin duda hacen que los procesos sean lentos y poco claros.
Además, factores como la inestabilidad política, el proceso constituyente, el royalty minero, el aumento de costos y el uso del agua, entre otros, han afectado la percepción de Chile como un destino atractivo para la inversión minera.
Así, la burocracia en la permisología se ha convertido en un obstáculo significativo para la inversión en minería en nuestro país. La reforma del SEIA y la búsqueda de mayor claridad y consistencia en las decisiones de las autoridades, son esenciales para revitalizar la confianza de los inversionistas y mantener la competitividad de la industria minera. Además, es crucial que las decisiones se basen en criterios técnicos y ambientales en lugar de intereses políticos, para garantizar un proceso más transparente y eficiente.