Se sabe que por excesivos, los cuidados del sacristán mataron al ‘Señor Cura’. En el caso de la minería podríamos asimilarlo a los reguladores: la excesiva permisología y la incerteza jurídica, entre otros factores, tienen a mal traer a la principal actividad económica de Chile.
En efecto, nuestro país continúa perdiendo atractivo como destino de las inversiones mineras, poniendo en riesgo, o al menos impactando, la más importante fuente de ingresos para el Estado, y con ello haciendo más difícil poder satisfacer las crecientes demandas sociales.
Se puede contraargumentar que hay un par de grandes proyectos mineros privados de cobre en construcción y que recientemente se aprobó otro de oro, lo que es efectivo. También es cierto que Codelco, previa priorización y recalendarización de su cartera de proyectos estructurales, sujeto a sus posibilidades de financiamiento, está construyendo dos grandes minas subterráneas y pretende ir adelante con el proyecto Rajo Inca en Salvador. Pero luego de estos no hay nada más.
Si nos comparamos con Perú, país que ha duplicado su producción de cobre en el último quinquenio y que tiene una cartera de 48 proyectos mineros con una inversión estimada de US$58.000 millones, pareciera ser que nos está superando. Si agregamos los pasos que está dando Ecuador para atraer inversiones mineras y las recientes declaradas intenciones de Argentina de hacer lo mismo, sin duda que la competencia se está haciendo más difícil en el barrio.
¿Cuáles serían las razones del descenso de Chile en los rankings de atractivo minero? Me permito enumerar solo tres:
– La baja ley de nuestros recursos minerales, unida a las dificultades para explorar, derivadas del acaparamiento de la propiedad minera a un mínimo costo.
– La gran cantidad de permisos requeridos y el largo plazo en obtenerlos, algunos duplicados y otros injustificados, para aprobar un proyecto minero.
– La judicialización e incerteza jurídica que representa el hecho que una vez obtenidos la resolución ambiental y los innumerables permisos sectoriales, basta un dictamen judicial, no siempre técnico y ambientalmente justificado, para anularlos y con ello cerrar operaciones o paralizar proyectos mineros. Los paradigmáticos casos de Dominga y Mina Invierno son dos ejemplos de ello.
¿Cómo revertir esta situación? Una nueva Constitución o la modificación de la actual –dependiendo del resultado del plebiscito–, incluyendo algunas leyes de rango constitucional, pueden ser una oportunidad para incentivar la inversión otorgando certeza jurídica supeditada al estricto cumplimiento de las normativas y procedimientos establecidos; sería un gran paso hacia dicho objetivo. A modo de ejemplo, definir:
El derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación: ¿es ello técnicamente posible o debiéramos fijar límites alcanzables?
¿Cómo alcanzar un equilibrio entre asegurar la propiedad minera y evitar la especulación a bajo costo?
¿Qué sustancias pueden ser objeto de concesiones de exploración y explotación otorgadas por resolución judicial y cuáles por concesiones administrativas?
La asociación gremial Voces Mineras está disponible para colaborar en este esfuerzo.