Chile figura entre los países con mayor estrés hídrico del mundo, una realidad que afecta con particular fuerza al norte del país, donde se concentra la gran minería. El crecimiento de la demanda de agua, junto con los efectos del cambio climático y la persistente sequía de las últimas décadas, ha tensionado cada vez más el equilibrio entre disponibilidad y usos del recurso.
Diversos estudios advierten que esta situación podría agravarse en las próximas décadas. El Informe de Seguridad Hídrica del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2) proyecta que, hacia fines de siglo, amplias zonas del país podrían enfrentar condiciones de sequía estructural. En este contexto, garantizar el acceso al agua se convierte en un desafío central para la sostenibilidad de los territorios y de las actividades productivas.
La minería del cobre, uno de los motores económicos de Chile, se desarrolla precisamente en estas zonas de mayor escasez hídrica. Frente a este escenario, la principal respuesta del sector ha sido el desarrollo de plantas desaladoras. Según proyecciones de Cochilco, el consumo de agua en la minería del cobre podría aumentar desde cerca de 19 m³/s en 2023 a más de 22 m³/s hacia 2034, mientras que el uso de agua de mar pasaría de representar alrededor de un 36% del total a más de un 66% en la próxima década.
Este cambio en la matriz hídrica es positivo. Sin embargo, la desalación no debe entenderse como una solución única o definitiva al estrés hídrico. Desalar agua y transportarla cientos de kilómetros hacia la cordillera requiere enormes inversiones en infraestructura y un alto consumo energético. Además, no aborda por sí sola los desafíos de gobernanza y gestión del agua en los territorios.
Por ello, junto con avanzar en desalación y en mayores niveles de recirculación y eficiencia hídrica en las operaciones mineras, resulta clave promover una visión más integrada del suministro de agua. En particular, el desarrollo de infraestructura hídrica compartida aparece como una oportunidad estratégica para mejorar la eficiencia del sistema y reducir impactos.
Hoy muchas operaciones mineras construyen sus propias plantas desaladoras y ductos hacia la costa, generando redes paralelas que replican infraestructura y encarecen las inversiones. En lugar de múltiples sistemas aislados, el desafío es avanzar hacia una lógica más similar a una “autopista hídrica”, con una red común que permita transportar agua para distintos usuarios, desde empresas mineras hasta comunidades, sector agrícola y otras actividades productivas.
El desafío es ir mucho más allá en la gestión del agua, adoptando una estrategia de gestión territorial donde todos los stakeholders asuman su responsabilidad frente a este recurso.
Uno de los aspectos menos visibles del debate hídrico en Chile es la desigualdad territorial en el acceso al agua. Mientras grandes proyectos industriales han logrado asegurar su abastecimiento mediante infraestructura propia, como plantas desaladoras y sistemas de conducción de gran escala, otros usuarios enfrentan condiciones muy precarias. En zonas rurales, miles de familias aún dependen de sistemas de Servicio Sanitario Rural (SSR) que operan con fuentes limitadas o infraestructura insuficiente, y en períodos de sequía deben recurrir incluso a camiones aljibes. De igual manera, la pequeña y mediana minería suele tener mayores dificultades para acceder a fuentes seguras de agua debido a las altas inversiones requeridas para desarrollar infraestructura propia. Estas brechas evidencian que el desafío hídrico nacional no es únicamente técnico ni tampoco se resuelve aumentando la oferta de agua, sino que requiere una planificación territorial organizada, que coordine inversiones, optimice el uso de la infraestructura existente y avance hacia sistemas de suministro más integrados y equitativos entre distintos usuarios y territorio.
Además de contribuir a superar estas brechas, los sistemas de suministro hídrico compartido han probado ser más eficientes y ofrecer una mayor seguridad de suministro para todas las partes interesadas: aprovechan economías de escala, reducen costos de inversión y operación, y disminuyen la huella territorial y energética de la infraestructura.
Existen experiencias internacionales que muestran el potencial de este enfoque. En el estado de Queensland, Australia, por ejemplo, el sistema SEQ Water Grid integra embalses, plantas de tratamiento, una planta desalinizadora, estaciones de bombeo y cientos de kilómetros de tuberías en una red interconectada que abastece a múltiples ciudades y sectores productivos.
Avanzar hacia estos modelos en Chile requiere enfrentar desafíos regulatorios y de gobernanza, para coordinar a múltiples actores y definir marcos claros de acceso, operación y financiamiento. Sin embargo, en un contexto de creciente escasez hídrica, superar la lógica de soluciones individuales y promover sistemas compartidos puede convertirse en una pieza clave para compatibilizar desarrollo minero, sostenibilidad ambiental y bienestar de los territorios.