Chile no construye fundiciones de cobre desde hace décadas. Las últimas en entrar en operación fueron Ventanas, en 1964, y Altonorte —originalmente Refimet— en 1993. Hoy, sin embargo, se proyecta nuevamente la construcción de dos plantas de fundición en el país, una impulsada por Codelco y otra por Enami.
Ambos proyectos reflejan enfoques distintos sobre el rol que puede desempeñar el Estado en el negocio de las fundiciones. La pregunta relevante es dónde están las diferencias y qué riesgos enfrenta el Estado, particularmente en el caso del proyecto impulsado por Enami.
Codelco anunció una asociación con Glencore —uno de los principales actores mundiales en la producción y comercialización de materias primas— para la construcción de una fundición en la Región de Antofagasta. Un elemento clave del proyecto es la capacidad de Codelco de comprometer un contrato de suministro de concentrado de cobre de hasta 800 mil toneladas anuales por una década. A fines de mayo, Glencore debería entregar un estudio de prefactibilidad que permitiría avanzar hacia etapas posteriores de la ingeniería del proyecto. En términos simples: el mundo necesita más cobre, Glencore sabe cómo fundirlo y Codelco dispone de concentrados para alimentarlo.
Por su parte, Enami anunció en diciembre pasado la selección de J. P. Morgan y Citi como bancos estructuradores del financiamiento para la nueva fundición de Paipote, proyecto que la empresa espera poner en operación a comienzos de la próxima década.
En ese contexto, la viabilidad de una nueva fundición en Paipote enfrenta al menos cuatro nudos estructurales que no pueden ser soslayados.
Si bien Enami ha informado que los procesos de offtake se encontrarían en etapas avanzadas, la capacidad proyectada de 850 mil toneladas anuales supera ampliamente la oferta actual combinada de la pequeña y mediana minería. Sin un suministro asegurado de esa magnitud, la planta corre el riesgo de operar por debajo de su capacidad, con lo cual sus costos unitarios se dispararían y perdería cualquier opción de rentabilidad sostenida.
El segundo punto crítico son los costos de inversión que enfrentaría el Estado. El proyecto ya acumula una inflación superior al 20 %, pasando de US$1.378 millones a US$1.700 millones. A ello se suma que países como China, India o Indonesia han demostrado una mayor facilidad para ejecutar proyectos metalúrgicos de gran escala, logrando instalar capacidades equivalentes a menos de la mitad del costo por tonelada. En contraste, las fundiciones chilenas existentes —de infraestructura antigua y costosa de mantener— ilustran la brecha que separa a Chile de las regiones donde estas inversiones se realizan con mayor agilidad y menores costos de capital. Entrar a competir en estas condiciones implica partir con una desventaja estructural difícil de remontar, especialmente en una industria donde el control de costos de capital es determinante.
La tercera debilidad está en el escenario internacional. China concentra cerca del 50% de la capacidad mundial de fundición y opera con tasas de utilización inferiores al 80%, lo que mantiene las tarifas de tratamiento y refinación bajo presión. En paralelo, India ha iniciado una etapa de expansión industrial que incluye la instalación de nuevas fundiciones, quizás siguiendo la trayectoria que antes recorrieron Japón, Corea y China. Este giro confirma que la competencia global por el cobre refinado no sólo persiste, sino que se está ampliando hacia nuevas potencias emergentes. En un mercado donde los márgenes ya son estrechos e incluso negativos, pretender que una fundición en Chile, con costos altos y abastecimiento incierto, pueda posicionarse de manera competitiva es un desafío mayor.
A estos tres elementos se suma una cuarta consideración: el aval del Estado. Lo que sigue abierto no es la participación del Estado, sino la magnitud y naturaleza del respaldo público que se requeriría para viabilizar el proyecto. ¿Será efectivamente un esquema que ponga a prueba la fortaleza del proyecto en el mercado, o se terminará recurriendo a garantías soberanas que trasladen el riesgo al fisco? ¿Será la misma Enami de siempre que operará esta fundición, buscando competir no sólo con las fundiciones chinas, sino que también con la asociación Codelco–Glencore?
Estas dudas son cruciales y deben ser despejadas explícitamente. Si se quiere avanzar, es imprescindible que las autoridades definan un modelo que demuestre las ventajas objetivas de la inversión, y que no dependa simplemente de la espalda financiera del Estado.
En contraste con el proyecto de Paipote promovido por Enami, la alianza entre Codelco y Glencore para desarrollar una nueva fundición en la Región de Antofagasta apunta a un modelo distinto, basado en la combinación de suministro asegurado de concentrados y experiencia operativa internacional. Un consorcio privado es un camino mucho más transparente para validar la verdadera competitividad de cualquier iniciativa en condiciones de mercado.