Escenario energético y decisiones país

Resolver el cuello de botella en que se está transformando para el país la dificultad para sacar adelante nuevos proyectos en materia de generación y transmisión eléctrica, constituye una de las prioridades que deberá abordar el Gobierno de Michelle Bachelet.

Resolver el cuello de botella en que se está transformando para el país la dificultad para sacar adelante nuevos proyectos en materia de generación y transmisión eléctrica, constituye una de las prioridades que deberá abordar el Gobierno de Michelle Bachelet.

El tema es relevante para el país, pero crítico para la industria minera -que representa el 13% del PIB nacional- y en particular del cobre, que en 2012 fue responsable del 32% del consumo de electricidad en Chile.

El alza que han venido experimentando los precios de la energía, como consecuencia del estancamiento de nuevas centrales de generación eléctrica, amenaza con comprometer la viabilidad de nuevas inversiones mineras y la competitividad de las actuales operaciones. De hecho, hoy en día el precio de la electricidad en Chile es uno de los mayores entre los países mineros, doblando el de competidores directos como Perú.

“Desafortunadamente, los precios no han bajado de los US$110 por MW/hora y con la actual paralización de proyectos lo más probable es que suban significativamente en los próximos años”, advirtió Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, en la última cena anual de la entidad.

Basta recordar que entre 2010 y 2012 fueron detenidos tres importantes proyectos termoeléctricos a carbón: Barrancones, Punta Alcalde y Castilla, en tanto que el proyecto HidroAysén, junto con su línea de transmisión, continúa enfrentando una fuerte oposición y su futuro se ve incierto.

Tal como está planteado, el programa de gobierno de Michelle Bachelet toma nota de este complejo panorama, asumiendo el compromiso de desarrollar una Política Nacional de Energía, “que estará en el marco de la Agenda de Energía que se establecerá en los 100 primeros días de Gobierno”.

El tema exige definiciones urgentes tanto de corto como largo plazo, las que deben ser conciliadas, además, con una percepción ciudadana “que ha evolucionado negativamente en los últimos años respecto de los estándares de protección ambiental aplicados en el sector eléctrico”, como lo advierte el informe elaborado por la Comisión Asesora para el Desarrollo Eléctrico (CADE).

“La ciudadanía quiere bajos precios de la energía, pero al mismo tiempo se opone a la materialización de los proyectos que precisamente pueden cumplir con ese anhelo”, reconoce también el programa de la Presidenta electa. Por este motivo, otro de los compromisos prioritarios es la elaboración de un Plan de Ordenamiento Territorial que identifique las zonas donde estará permitida la instalación de proyectos para cada tipo de tecnología. Esta medida ayudaría a despejar a futuro la discusión social en torno a este tópico.

Entretanto, el sector minero está haciendo un aporte impulsado inversiones en ERNC y de energías convencionales. La cartera va desde innovadores proyectos con energía solar y eólica, hasta centrales de capacidad superior a 500 MW de ciclo combinado (GNL) e hidráulicas. Pero estas iniciativas por sí solas no son suficientes.

El país necesita señales claras de hacia dónde se quiere avanzar en materia energética y autoridades con el manejo para destrabar este escenario, aún a costa de sacrificar parte de su capital político.

“El peso de la minería en nuestra economía nos obliga a mantenernos como el principal y más eficiente productor de cobre a nivel mundial”, reconoce el programa del nuevo Gobierno, y para que ello sea posible es clave disponer de energía en forma segura y a precios competitivos.