En los últimos años, la desalinización se ha perfilado como una solución viable y necesaria para sobrellevar el problema de escasez de agua que afecta a nuestro país, situación que afecta a gran parte de la población y que, a su vez, repercute en las principales industrias que sustentan la economía nacional: la agricultura y la minería, siendo fundamental para el correcto desarrollo de la industria un marco legal y regulatorio que permita una inversión segura, estableciendo claramente cuáles son los derechos y obligaciones de cada uno de los intervinientes del proceso.
Tal como es sabido, la demanda por agua sólo seguirá aumentando con el pasar del tiempo, incrementando a su vez la escasez de este recurso, lo cual también atiende al fenómeno de la sequía que ha afectado a gran parte del país en los últimos años. Por lo mismo, un correcto desarrollo de la industria de la desalinización es fundamental para hacer frente – dentro de lo posible – a la escasez hídrica y sus consecuencias.
Para esto, es necesario un marco legal y regulatorio que otorgue, sobre todo, certeza jurídica – la principal debilidad de la industria en la actualidad – lo cual, consecuentemente aumentaría el número de interesados de participar en la industria en cuestión.
En este sentido, actualmente hay un grado de dispersión normativa considerable, siendo necesaria la creación de un cuerpo normativo unificado, el cual determine con claridad el régimen jurídico aplicable a las aguas desalinizadas, siendo pertinente también que otorgue plazos más acotados a la autoridad administrativa para pronunciarse en las distintas etapas del procedimiento, todo con el fin de otorgar mayor certeza a quienes deseen invertir en la industria.
En marzo del año 2022, la DGA mediante sus canales oficiales expuso que: “Más del 50% de las comunas del país se encuentra bajo escasez hídrica. Estas 188 comunas, en las cuales habitan más de 8 millones 350 mil personas (47,5% de la población de Chile) se encuentran en 9 de las 16 regiones: Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O´Higgins, Maule, Los Ríos, Los Lagos y Aysén, abarcando un tercio de la superficie del territorio nacional (231.056 km2)”, declaración que hace evidente la necesidad y urgencia de incentivar el desarrollo de la industria de la desalinización, lo cual irremediablemente debe ir de la mano de un nuevo marco legal y regulatorio que incentive la inversión en la misma, otorgando la certeza jurídica necesaria para su potencial crecimiento.
Por lo tanto, es manifiesta la necesidad que tiene el país respecto al recurso hídrico, siendo la industria de la desalinización una solución que nos ayudará a mitigar en lo posible los efectos adversos que la sequía trae consigo, siendo fundamental su potencialización y desarrollo, lo cual únicamente se puede lograr mediante un marco jurídico unificado, que otorgue certezas suficientes para su crecimiento.