El terremoto ocurrido el 16 de septiembre pasado pone nuevamente a prueba al país. No sólo a sus habitantes y autoridades, sino también a las instituciones que permanente deben, en atención al lugar en que vivimos, estar preparadas para todo evento. La reconstrucción y seguir adelante no sólo deben considerar estructuras en viviendas y revisión económica de los sectores que son vulnerables frente a estos acontecimientos, sino que se debe verificar qué pasa en aquellos sectores y actividades que aparentemente no fueron afectados y que se encuentran expuestos a que, en una próxima oportunidad, sean protagonistas.
Dentro de estos últimos podemos situar a la actividad minera, en donde el principal trabajo consiste en mover la tierra, pero que ante situaciones como el terremoto puede traer consecuencias nefastas si no se toman las providencias del caso. Hasta la fecha no hemos oído ni sabido nada acerca de qué medidas se están tomando a nivel privado y público para verificar si hubo daños en yacimientos que están en actual explotación.
Por vigencia del reglamento de seguridad minera sabemos que los concesionarios deben mantener las condiciones para que el trabajo minero sea adecuado y acorde con las necesidades y, posiblemente, las empresas medianas y grandes se estén preocupando, pues resultan ser las más expuestas ante una fiscalización.
Sin embargo, ¿qué pasa con la minería artesanal y pequeña? Las condiciones de trabajo no siempre son las mejores y el costo de reforzar aspectos de seguridad va más allá de las posibilidades que pueda tener el concesionario. El problema radica, entonces, en el hecho de que es necesario revisar los procedimientos y efectuar una fiscalización que, querámoslo o no, se aleja de las posibilidades reales que el Servicio Nacional de Geología y Minería, Sernageomin, puede llevar a cabo.
Entonces, ¿de qué manera se puede asegurar que las condiciones post terremoto permitirán seguir con las labores mineras en aquellas zonas más afectadas y expuestas? En efecto, corresponde al Sernageomin controlar y fiscalizar el cumplimiento del reglamento de seguridad minera y proponer la dictación de normas, instructivos, circulares y desarrollar actividades de carácter preventivo, tendientes a optimizar los estándares de seguridad en la industria extractiva, entre otros. Pero las condiciones en que actualmente funciona el Sernageomin impiden poder estar en todos los frentes, entre ellos, velar por la prevención en casos de terremotos, erupciones volcánicas u otro tipo de eventos naturales.
Queda entonces la duda de si pueden otras instituciones, a través de los instrumentos con que cuentan, colaborar en la tarea de fiscalización, como podría ser a través de instrumentos medioambientales en la medida que su regulación así lo permita, o por la vía laboral en atención a los riesgos y condiciones de trabajo de los mineros. O bien, en atención a los sucesos que cada vez con más frecuencia se están produciendo en el país, ha llegado la hora de reestructurar el Sernageomin, o al menos darle las herramientas y el presupuesto necesarios para que pueda realizar su trabajo en mejores condiciones, las que, en definitiva, permitan dar cumplimiento a la legislación vigente.